El juez archiva la querella de Errejón contra Mouliaá por acusarle de extorsionar a testigos

El magistrado considera que las palabras de la actriz no constituyen un delito de calumnias

El juez Arturo Zamarriego ha archivado la investigación abierta por la querella que el exdiputado Íñigo Errejón presentó contra la actriz Elisa Mouliaá. La acusaba de calumnias por señalarle como responsable de una presunta extorsión a testigos.

El origen del conflicto está en la causa por la que el juez Adolfo Carretero procesó a Errejón por un presunto delito de agresión sexual. En esa instrucción declararon como testigos dos organizadores de la fiesta donde habría ocurrido el episodio.

Mouliaá sostuvo que Errejón se había comunicado con esos testigos para condicionar su testimonio a su favor. A raíz de esa acusación, el exdiputado la denunció por calumnias.

Un intento de acuerdo que no llegó a buen puerto

Antes de acudir a los tribunales, el equipo legal de Errejón propuso un acto de conciliación. Pidió a la actriz que se retractara públicamente y reclamó 10.000 euros de indemnización si no lo hacía.

Mouliaá rechazó esa vía de acuerdo. Esa negativa abrió el camino para que el exdiputado presentara finalmente la querella por calumnias.

La polémica se intensificó con varias publicaciones de Mouliaá en la red social X. En ellas insistía en que Errejón se había negado a entregar su móvil a la justicia por haber presionado a los testigos.

Una orden de detención que terminó retirándose

Durante el proceso, la actriz faltó en varias ocasiones a su citación para declarar ante el juzgado. Eso llevó al juez a ordenar su detención para asegurar su comparecencia.

Mouliaá finalmente se presentó de forma voluntaria ante el tribunal. Tras esa comparecencia, el magistrado dejó sin efecto la orden de búsqueda y detención.

El juez ha resuelto ahora que las expresiones de Mouliaá no cumplen los requisitos legales del delito de calumnias. Según su razonamiento, la actriz se refirió a esa presunta presión sobre los testigos en un sentido coloquial, no jurídico. Por eso, el magistrado entiende que no existe la imputación de un hecho falso y preciso que exige el delito.