El Gobierno ha insistido en que las comunidades autónomas están obligadas a asumir la acogida de los menores migrantes que han llegado a Ceuta. Además, ha advertido de que el cumplimiento de la ley no es opcional. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha reconocido que la ciudad atraviesa una situación muy complicada tras la reciente crisis migratoria. También ha explicado que la prioridad es atender a todos los menores que permanecen sin protección.
Pérez Triano ha señalado que todavía no existe una cifra definitiva de menores afectados. Sin embargo, las autoridades locales estiman que alrededor de 500 niños y adolescentes continúan en esta situación. Por ello, la ciudad ha solicitado el apoyo del resto de comunidades autónomas para hacer frente a la emergencia.
El delegado ha defendido que estos menores deben ser atendidos dentro del sistema de protección español. Asimismo, ha reclamado solidaridad entre las comunidades para aliviar la presión que soporta Ceuta, cuya capacidad de acogida se encuentra muy limitada.
En la misma línea, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confió en que no sea necesario abrir un conflicto judicial para garantizar el cumplimiento de la ley. El ministro recordó que la legislación de extranjería establece criterios objetivos para distribuir a los menores entre las comunidades autónomas. También subrayó que la cooperación institucional es fundamental para responder a este tipo de emergencias migratorias.