Ceuta, al límite: casi 1000 menores migrantes esperan ser trasladados a la península

4 de agosto de 2026
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La ciudad transforma dos edificios en centros de emergencia y pide al Gobierno acelerar el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas

El Gobierno central prepara la reubicación en la península de cientos de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta tras la última entrada masiva de migrantes desde Marruecos, después de que la ciudad autónoma haya reconocido que su red de acogida está desbordada. Las autoridades ceutíes gestionan ya la tutela de más de 860 menores —una cifra que podría acercarse al millar según fuentes municipales— y han tenido que habilitar algunos edificios adicionales como centros provisionales mientras se resuelve el traslado de una parte de ellos a otras comunidades autónomas.

Cuatro días después de la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, el reto de atender a los menores no acompañados se ha convertido en uno de los frentes más complicados de la crisis, al margen de la vigilancia fronteriza. A diferencia de los adultos, que pueden ser objeto de procedimientos de devolución, los menores quedan automáticamente bajo tutela de la administración, lo que obliga a garantizarles alojamiento, escolarización, atención sanitaria y seguimiento psicológico mientras se tramita su situación.

Según fuentes municipales, el número real de menores bajo tutela podría superar el millar, ya que todavía hay jóvenes pendientes de localización e identificación tras los últimos días de entradas. Ante esta presión, el Gobierno de Ceuta ha decidido transformar dos grandes inmuebles en centros de acogida provisionales y trabaja para separar a los menores por edades, priorizando que los más pequeños permanezcan en las instalaciones con mejores condiciones.

La normativa vigente establece que, una vez completada la identificación e inscripción de cada menor, su traslado a otra comunidad debe producirse en un plazo máximo de quince días naturales. El reparto entre territorios se realiza en teoría según criterios objetivos como población, renta, capacidad de acogida existente, tasa de desempleo o esfuerzo ya realizado por cada autonomía, aunque su aplicación sigue generando fricciones políticas entre el Gobierno central y varias comunidades. El Ejecutivo ceutí ya prepara una nueva petición de ayuda al Gobierno central, al considerar que la ciudad no puede seguir asumiendo en solitario un desafío de estas dimensiones.

Este mecanismo de reubicación no es nuevo. El Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, informó en marzo de que ya se habían reubicado 1.143 menores procedentes de Ceuta, Canarias y Melilla en otras comunidades autónomas, frente a los 1.019 registrados apenas un mes antes. Por territorios, Melilla lideraba el proceso con un 91,4% de los menores susceptibles de traslado ya reubicados, seguida de Ceuta con un 76,5%, mientras que Canarias permanecía muy rezagada, con apenas un 19,9%.

El propio ministerio ha anunciado que antes de que termine agosto aprobará un real decreto para prorrogar la vigencia de este sistema hasta agosto de 2027, ante la persistencia de las llegadas irregulares por las tres vías —Canarias, Ceuta y Melilla—.

La crisis en Ceuta se enmarca en un aumento más amplio de las llegadas a España: entre enero y mediados de julio, las entradas por vía marítima a la península y Baleares crecieron un 8% respecto al año anterior. Esto ha reavivado el debate político sobre el reparto de menores, con el PP pidiendo endurecer la ley de extranjería y el Gobierno defendiendo mantener el actual sistema de reubicación.

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