La UCO acredita que Leire cobró 190.000 euros del PSOE por ocultar la corrupción de Sánchez

Entre junio y septiembre de 2024, Díez habría cobrado cuatro nóminas de 4.000 euros mensuales procedentes de esa mercantil

Un informe de la Fiscalía Anticorrupción fechado el 21 de julio de 2026 y remitido al Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza n.º 5, respalda la petición de la Guardia Civil de acceder a la documentación bancaria de una veintena de cuentas vinculadas al PSOE, a Leire Díez Castro y a un entramado de sociedades y letrados que, según la investigación, habría servido para canalizarle pagos con cargo a los fondos del partido.

El escrito, firmado por las fiscales Elisa Lamelas Oliván y Mar Scharfhausen Peláez, se enmarca en las Diligencias Previas 150/2025, instruidas por el magistrado Santiago Pedraz Gómez sobre la presunta existencia de una organización criminal que, activa al menos desde 2021, habría ampliado su radio de actuación desde la contratación pública hacia delitos contra la Administración de Justicia y las instituciones del Estado, con el objetivo de proteger al Gobierno y al PSOE frente a investigaciones judiciales que pudieran afectarles.

Según el oficio de la UCO al que responde la Fiscalía, Leire Díez habría recibido al menos cinco pagos relacionados con los hechos investigados, ingresados en una cuenta de Kutxabank de la que es cotitular junto a su pareja, César González Egaña.

El informe reconstruye dos vías principales de canalización de fondos desde el partido:

La primera, a través de la sociedad Zaño Sociedad Consultora, de Gaspar Carlos Zarrias Arévalo.

Entre junio y septiembre de 2024, Díez habría cobrado cuatro nóminas de 4.000 euros mensuales procedentes de esa mercantil. El documento aporta un dato que la Fiscalía subraya como especialmente revelador: mientras Leire percibía 4.000 euros, el coste que esa contratación supuso para Zaño ascendió a 7.505,17 euros —IVA incluido—, una cifra que coincide de forma exacta con el importe facturado por la empresa de Zarrias al PSOE.

Las transferencias del partido habrían salido de una cuenta de BBVA titularidad del PSOE con destino a otra cuenta de BBVA de Zaño.

La segunda vía, activada tras el cierre de Zaño en septiembre de 2024 —coincidiendo, señala el informe, con las primeras noticias en prensa sobre la trama—, habría operado a través de los letrados investigados Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova, quienes facturaban al PSOE y después hacían llegar el dinero a Díez contra facturas de consultoría emitidas por ella.

El 28 de enero de 2025, Díez recibió 27.225 euros del despacho Oliver Gruppe SL, cantidad que —según los mensajes intervenidos citados en el informe— tendría como origen último al propio partido.
Teijelo, por su parte, emitió tres facturas al PSOE por un total de 125.000 euros (IVA no incluido) en concepto de una defensa de Santos Cerdán que, según el propio partido ha manifestado al juzgado, nunca fue contratada.

El informe reproduce un intercambio de mensajes en el que Díez pide a Teijelo la nota de encargo «para que me mande la factura» y le dice tener «al abogado de los nervios», y minutos después remite el documento firmado por Ana Fuentes Pacheco, directora gerente federal del PSOE.

El informe describe una estructura coordinada en la que Leire Díez actuaba como enlace entre el partido y las defensas de los distintos investigados —entre ellos Koldo García y José Luis Ábalos—, mientras Gaspar Carlos Zarrias dirigía, en palabras de la propia Díez recogidas en sus conversaciones, la «parte jurídica» del grupo.

Dos letrados que han declarado en sede judicial, José Aníbal Álvarez y Leticia de la Hoz, expresaron su malestar por la forma en que se les intentó pagar: el primero, tras ejercer casi un año la defensa de Ábalos sin cobrar, rechazó la oferta de hacerlo a través de «una sociedad desconocida» con un tajante «esto no es de recibo».

Otras operaciones citadas por la Fiscalía
El documento recoge, sin que por el momento se haya accedido a investigarlas con el mismo nivel de detalle bancario, otras presuntas operaciones: un pago de hasta 300.000 euros que se habría ofrecido al fiscal José Grinda a cambio de información favorable a los investigados; gestiones de Leire Díez para lograr la nacionalización española de Nervis Villalobos; una oferta de 250.000 euros a Carmen Pano y Álvaro Gallego para que modificaran su testimonio en una causa del Tribunal Supremo; y el pago de unos 20.000 euros al medio digital Crónica Libre —participado por Patricia López (fallecida) y por la propia Díez— a través de la intermediación de la sociedad Iki Group Communications, en el marco de una campaña electoral del PSOE.

El informe también detalla intentos, según las diligencias, de contaminar instrucciones judiciales sensibles: la causa contra David Sánchez Pérez-Castejón en Badajoz —donde recayó sentencia condenatoria—, procedimientos de «hidrocarburos» y la instrucción de la magistrada Mercedes Alaya sobre los ERES.

En varios de estos episodios se cita el ofrecimiento de información o pactos con la Fiscalía a cambio de que investigados cambiaran de defensa letrada hacia despachos vinculados al entramado.

Anticorrupción no se opone a que se acceda a la documentación bancaria solicitada por la UCO —incluida la relativa a transferencias SWIFT, movimientos, saldos e IPs de conexión de banca online— respecto de las cuentas del PSOE, Zaño Sociedad Consultora, Zarrias, Oliver Gruppe, Estudio Jurídico Oliver & Partners, Ismael Oliver Romero, Jacobo Teijelo Casanova y Crónica Libre SL, entendiendo que los cruces entre cuentas pueden esclarecer pagos «sólo parcialmente justificados».

Sin embargo, el ministerio público considera que no procede, por el momento, requerir los expedientes completos de préstamos vinculados a esos productos bancarios ni la información remitida al SEPBLAC sobre operaciones sospechosas de blanqueo, al no apreciar su relevancia en el actual estado de la instrucción.

La Fiscalía respalda además que la diligencia se tramite mediante pieza separada económica —conforme al artículo 762.6ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal— para evitar la difusión pública de datos económicos sensibles hasta que la UCO elabore su informe y se proceda al expurgo de la documentación irrelevante.

A petición de Ismael Oliver, se acordó además una pieza específica de expurgo para su información tributaria.