La crisis migratoria desatada en Ceuta alcanzó este jueves una dimensión sin precedentes. Unas 49.000 personas cruzaron de forma irregular desde Marruecos a la ciudad autónoma, según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), mientras que 34 migrantes fallecieron ahogados cuando intentaban alcanzar la costa española.
Aunque el Gobierno aún no ha facilitado un balance oficial de entradas, el dato apareció este viernes en un documento publicado por el DSN, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, que posteriormente fue retirado.
La Guardia Civil ha recuperado los cuerpos de 19 personas que perdieron la vida al intentar llegar a la playa tras bordear a nado el espigón de El Tarajal, principal punto de acceso durante la entrada masiva.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han desplazado este viernes a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y con los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el fin de coordinar la respuesta a la crisis.
El Ejecutivo ha asegurado que ya ha alcanzado un acuerdo con Marruecos para proceder «lo antes posible» a la devolución de los migrantes que accedieron irregularmente a territorio español.
Resulta curioso este acuerdo cuando Marruecos ayer no hizo nada para evitar la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Tanto Madrid como Rabat atribuyen la entrada masiva a la actuación de las redes de tráfico de personas y al efecto de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de quienes llegan a nado a Ceuta y Melilla. Ha habido 34 ahogados, una tragedia humana.