La UDEF eleva a tres millones el dinero que Zapatero recibió de empresas bajo sospecha y documenta 27 firmas opacas que le hacían contratos simulados

El juez del caso Plus Ultra ordena el «vaciado bancario» de más de 60 cuentas de Zapatero, su entorno y su secretaria

El magistrado José Luis Calama Teixeira, titular del Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional, ha acordado la práctica de un extenso «vaciado bancario» en el marco de las Diligencias Previas 77/2024-S, la pieza que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto tráfico de influencias en favor de clientes como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

El auto, dictado a petición de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, resume los indicios recabados hasta ahora: el expresidente habría recibido 490.780 euros de Análisis Relevante y una cifra muy superior —en torno a 3,09 millones en total— procedente de sociedades como Kreab Iberia, Thinking Heads, Focus Social Research (vinculada a un presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas) o el Zayed Award, entre otras, bajo la apariencia de honorarios por conferencias, mediación y asesoramiento.

El juez detalla además que Whathefav, la sociedad administrada por las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, habría ingresado 1,02 millones de euros desde el entramado.

Y que desde ahí se transfirieron 247.191 euros a Laura y 199.904 euros a Alba, figurando el propio Zapatero como autorizado en ambas cuentas.

También se recoge la cancelación anticipada de una hipoteca de 500.000 euros mediante una transferencia de 498.000 euros, y se incorpora por primera vez el análisis patrimonial de la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, quien compró una vivienda en Velilla de San Antonio por 132.055 euros sin financiación hipotecaria.

En su parte dispositiva, el auto ordena a trece entidades bancarias (Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank, Abanca, ING, Openbank, Caceis Bank y Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, entre otras) que aporten los extractos completos de más de 60 cuentas vinculadas a Zapatero, su entorno familiar, Julio Martínez Martínez y la veintena de sociedades de su círculo,-

Y, además, abre una pieza reservada para depurar los datos antes de incorporarlos a la causa.

El informe policial que sustenta la resolución judicial, firmado por los jefes de los Grupos 14 y 15 de la UDEF-BBCA, sostiene que existiría una organización criminal dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero dedicada al ejercicio de influencias ilícitas.

Y que en esta trama estaría si testaferro Julio Martínez Martínez, Julito, quien habría actuado como gestor y enlace con los clientes, y María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de Zapatero, como responsable de comunicaciones y agenda con «conocimiento suficiente» de la operativa.

El documento desglosa, empresa por empresa, el entramado societario controlado por Martínez Martínez —integrado por al menos 27 mercantiles con domicilios e indicios de control unitario coincidentes—, señalando movimientos internos «carentes de justificación económica» en distimntas sociedades<

Tales sociedades son ASP Rentas (casi dos millones de euros en entradas y salidas frente a ingresos declarados de apenas 89.540), Zenitram Partners (con indicios de facturación falsa acreditados por un correo interno en el que se admite que «era una factura falsa»), Zenzap, Pickashop o Affita y Affita Capital.

La UDEF

La UDEF documenta también que Caletón Consultores recibió 1,15 millones de euros de Plus Ultra Líneas Aéreas entre 2020 y 2025, redistribuidos a su vez hacia Iot Domotic Europe y Voli Analítica, y que Inteligencia Prospectiva y Softgestor —esta última con clientes estadounidenses vinculados a Venezuela— habrían servido para canalizar fondos hacia Análisis Relevante y Whathefav mediante contratos de asesoría que los investigadores consideran simulados.

Sobre Alcázar Jiménez, el oficio precisa que, aunque no se han detectado ingresos directos del entramado hacia ella, adquirió su vivienda mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023 sin que conste operación compensatoria alguna que justifique esa capacidad económica.

El informe concluye proponiendo formalmente el requerimiento de información a las trece entidades bancarias que el juez terminaría autorizando en su auto.