HazteOír pide que el Tribunal de Cuentas reclamé los 340.000 euros que cobró el hermano de Sánchez sin ir a trabajar

La asociación pide a la Audiencia de Badajoz que remita la sentencia condenatoria al órgano fiscalizador

La asociación HazteOír.org, personada como acusación popular en el procedimiento abreviado 51/2025 seguido ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, ha presentado un escrito solicitando que la Sala remita al Tribunal de Cuentas testimonio de la Sentencia 152/2026, de 14 de julio, con el fin de que ese órgano determine la eventual responsabilidad contable derivada del caso.

El escrito, firmado por el procurador Andrés Antonio Carrasco Barroso y los letrados Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna y Nouna Juana Lozano Manchado, y fechado el 22 de julio, argumenta que la sentencia condenatoria no se pronunció sobre la responsabilidad civil derivada de los delitos por los que se condenó, al no haberse ejercitado esa acción por quienes estaban legitimados para hacerlo.

Sin embargo, señala que de los hechos probados se desprende un menoscabo en los caudales de la Diputación Provincial de Badajoz, vinculado a las retribuciones abonadas por la plaza creada para ese fin.

El fundamento legal invocado

La asociación se apoya en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, y en el artículo 49.3 de su ley de funcionamiento (Ley 7/1988), que obligan al juez o tribunal penal a abstenerse de conocer de la responsabilidad contable cuando los hechos enjuiciados puedan ser también constitutivos de un alcance en fondos públicos, dando traslado de lo actuado al Tribunal de Cuentas para que sea este quien concrete el importe de los daños y perjuicios.

Con ese fundamento, HazteOír solicita a la Sala que remita a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas testimonio de la sentencia y de los particulares de las actuaciones relativos a las retribuciones percibidas por David Sánchez Pérez-Castejón y a la ejecución de su contrato, incluyendo los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el informe de retribuciones elaborado por la propia Diputación.

En un otrosí, la asociación deja constancia de que ha ejercitado o ejercitará de forma inmediata la acción pública contable directamente ante el Tribunal de Cuentas por los mismos hechos, al margen de lo que decida la Audiencia.

Esto tiene que ver con el «traje a medida» laboral en la Diputación de Badajoz que se le hizo al hermano músico de Sánchez.

El escrito llega pocos días después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con el magistrado Emilio Serrano Molera como ponente, dictara la Sentencia 152/2026 condenando a varios responsables políticos y administrativos de la Diputación —entre ellos su expresidente, el socialista Miguel Ángel Gallardo Miranda— por un delito de prevaricación administrativa.

El tribunal consideró probado que la creación, en octubre de 2016, de una plaza de coordinación en el área de Cultura respondió al propósito de favorecer a una persona concreta, David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y no al interés público, con indicios como un correo interno de Recursos Humanos cuyo calendario coincidía casi exactamente con los plazos finalmente empleados en la convocatoria.

La sentencia, no firme y recurrible, absolvió sin embargo de los delitos de tráfico de influencias y nombramientos ilegales, al no considerar acreditada la autoría de una influencia externa concreta sobre el proceso, un punto que ha generado debate jurídico sobre la coherencia entre esa absolución y la condena por prevaricación.
El fallo tuvo repercusión política inmediata: desde el PP, Alberto Núñez Feijóo vinculó el caso con los de José Luis Ábalos y Álvaro García Ortiz, mientras otros dirigentes del partido reclamaron la dimisión del presidente del Gobierno.

La Asociación Profesional de la Magistratura, por boca de su presidenta, María Jesús del Barco, defendió por su parte que la sentencia respondía a una valoración jurídica de los hechos y las pruebas practicadas, y no a un intento de desgastar al Gobierno.

El escrito de HazteOír no es el primero de este tipo: la asociación Iustitia Europa ya había presentado ante el Tribunal de Cuentas una reclamación para que David Sánchez Pérez-Castejón reintegre alrededor de 340.000 euros percibidos como retribución durante su etapa en la Diputación.

HazteOír advierte además de que, si la Audiencia no accede a la remisión solicitada, presentará un escrito directamente ante la presidenta del Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, nombrada a propuesta del PSOE, para que este asuma el caso de oficio.