El Mayo, su dinero y las autoridades que ayudaron a amasarlo

La cadena perpetua de Zambada funcionará como un hito judicial en el extranjero, pero dejará impune la red institucional que hizo posible su imperio

La sentencia a cadena perpetua dictada el lunes 20 contra Ismael El Mayo Zambada marca el cierre formal del expediente sobre uno de los capos más elusivos en la historia del narcotráfico global.  

Tras décadas de operar en la sombra sin haber pisado jamás una cárcel, el cofundador del Cártel de Sinaloa escuchó en un tribunal federal de Estados Unidos el veredicto que lo mantendrá recluido por el resto de sus días. Sin embargo, más allá de la severidad de la pena, la resolución judicial incluye un dictamen financiero de dimensiones astronómicas que retrata con crudeza la magnitud del imperio criminal que construyó a lo largo de más de medio siglo de impunidad.

Dentro del fallo dictado por la Corte del Distrito Este de Nueva York, destaca de manera central el mandato económico impuesto al imputado. La sentencia establece de manera textual y explícita la orden de decomiso por la suma de “15 mil millones de dólares, representando los ingresos brutos derivados de los delitos de traficar toneladas de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina hacia territorio estadunidense durante más de cuatro décadas”. La cifra –equivalente a las ganancias generadas por el Mundial 2026– no sólo es inédita en los anales del fuero penal internacional, sino que expone el flujo constante de capitales que transitó por estructuras financieras sin encontrar contrapesos eficaces en su camino.

Para que Zambada y su núcleo familiar hayan podido acumular semejante fortuna como resultado directo de sus actividades delictivas, debieron haber contado necesariamente con la complicidad activa u omisiva de las autoridades a diversos niveles. Resulta inviable sostener que un aparato logístico capaz de mover toneladas de estupefacientes y generar dividendos por 15 mil millones de dólares haya operado en un vacío institucional. Por lo tanto, en este escenario falta una pieza fundamental para completar el rompecabezas de la justicia: no han sido detenidas ni procesadas las autoridades policiales, políticas y administrativas que permitieron, facilitaron y protegieron la consolidación de este entramado a lo largo de sucesivos periodos de gobierno.

El propio gobierno estadunidense pareció señalar esa cuenta pendiente durante la jornada en que se anunció el fallo. Tras la audiencia de lectura de sentencia, el director de la DEA, Terrance Cole, emitió una advertencia categórica al señalar que “Estados Unidos no descansará en su misión de desmantelar estas redes criminales y continuará persiguiendo sin tregua no sólo a los líderes de los cárteles, sino también a todos aquellos funcionarios gubernamentales y cómplices en posiciones de poder que facilitaron su impunidad a cambio de corrupción”. Las palabras del jefe de la agencia antidrogas de Estados Unidos dejan entrever que el expediente del Cártel de Sinaloa está lejos de considerarse un asunto concluido en los tribunales de ese país.

En este contexto, llama profundamente la atención que el gobierno mexicano haya reaccionado manifestando que investigará si el Estado tiene derecho a reclamar una parte de esos 15 mil millones de dólares decomisados. La postura resulta paradójica e inconsistente cuando se contrapone con la realidad institucional: en México ninguna autoridad estaba buscando activamente a El Mayo Zambada –quien el sábado cumplirá dos años de haber sido extraído de Sinaloa y entregado en Nuevo México– ni ejecutaba órdenes de aprehensión prioritarias en su contra al momento de su detención y traslado a suelo estadunidense. Pretender una participación en el reparto de los bienes incautados, cuando la captura y el procesamiento fueron ejecutados de manera unilateral por una jurisdicción distinta a la de México, evidencia una desconexión entre el discurso oficial y la omisión sistemática en la procuración de justicia. 

Mientras las estructuras de complicidad política continúen intactas y sin investigar dentro del territorio nacional, la cadena perpetua de Zambada funcionará como un hito judicial en el extranjero, pero dejará impune la red institucional que hizo posible su imperio.

*Por su interés reproducimos este artículo de Pascal Beltrán del Río publicado en Excelsior.