La acusación popular solicita que Begoña Gómez declare como testigo por los contratos amañados para Barrabés

También propone ampliar la investigación contra otras 16 personas, incluyendo exdirectivos de Red.es y técnicos evaluadores

La acusación popular ha solicitado formalmente al juez Juan Carlos Peinado que cite a Begoña Gómez a declarar en calidad de testigo dentro de la pieza separada que investiga presuntas irregularidades en contratos de la entidad pública Red.es. La investigación se centra en la adjudicación de un expediente de más de cuatro millones de euros a una UTE (Unión Temporal de Empresas) liderada por el empresario Juan Carlos Barrabés, utilizando fondos FEDER.

El escrito, al que ha tenido acceso OkDiario, revela que un técnico evaluador dejó constancia interna de que la propuesta ganadora carecía de un Libro Blanco exigido obligatoriamente en los pliegos. Pese a advertir de que dicha omisión no debía hacerse pública para no perjudicar la puntuación del licitador, el responsable decidió soslayar la carencia, otorgando a la empresa la máxima nota en el criterio de juicio de valor.

A diferencia de otros expedientes donde sí constan cartas de apoyo firmadas por Gómez, en esta adjudicación específica no se ha hallado documentación similar. Por este motivo, la acusación liderada por HazteOir no solicita su imputación, sino que prefiere su testimonio junto al de otras figuras para esclarecer el origen de un presunto favorecimiento en el proceso.

La Fiscalía Europea, que remitió el caso al juzgado tras revocar una avocación previa, ha señalado que el informe de valoración pudo obviar «deliberadamente» el incumplimiento de los requisitos exigidos. Según las investigaciones preliminares, este procedimiento podría ser constitutivo de delitos de prevaricación administrativa y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.

En el marco de esta causa, la acusación también propone ampliar la investigación contra otras 16 personas, incluyendo exdirectivos de Red.es y técnicos evaluadores. Los hechos se califican provisionalmente como prevaricación, fraude y falsedad documental, delitos que conllevan graves penas de inhabilitación y prisión, basándose en irregularidades detectadas por informes de la Intervención General del Estado y la UCO.