La actriz Elisa Mouliaá se ha personado voluntariamente este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para declarar por la querella interpuesta por Íñigo Errejón por presuntas calumnias. El exportavoz de Sumar la acusó tras unas publicaciones en redes sociales donde Mouliaá sugería que el político habría «amañado la declaración de dos testigos» en el marco de la causa por agresión sexual que ella misma inició contra él.
Durante su comparecencia, la actriz negó cualquier intención de eludir la acción de la justicia y pidió disculpas al magistrado Arturo Zamarriego por no haber asistido a las citaciones previas, las cuales justificó por motivos médicos y laborales. Tras declarar, Mouliaá calificó de «trato tan desproporcionado» la orden de detención dictada contra ella la semana pasada, señalando que «siempre ha mostrado voluntad de colaborar con la Justicia».
Sobre los tuits que originaron la querella, la actriz admitió la posibilidad de haberse «confundido» al interpretarlos, aunque justificó su actuación inicial argumentando que, tras ver el vídeo de un testigo, «pensaba que fue así» y que actuó por un «deber moral». Asimismo, defendió que sus palabras estaban protegidas por su derecho a la libertad de expresión sobre hechos que consideraba de interés para el debate público.
Mouliaá aprovechó su salida de los juzgados para denunciar lo que considera un «castigo a la víctima» por atreverse a denunciar a una figura influyente. «Es un castigo a la víctima por haber denunciado al sistema y a un poderoso, lo que supone la domesticación al final de las mujeres para que no denuncien a sus acosadores, para que nos quedemos en casa calladas», manifestó ante los medios de comunicación.
Por su parte, la defensa de Errejón ha solicitado al juez que imponga a la actriz la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial al considerar que su actitud ha sido obstruccionista. Mientras el magistrado decide sobre esta medida, Mouliaá sostiene que su caso es una «persecución» y ha criticado el trato recibido comparándolo con otros procesos judiciales, asegurando que su única intención ha sido «proteger a las mujeres y hacer el bien común».