La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exdiputado del PSOE ‘Tito Berni’ por cohecho y prevaricación

El Ministerio Público acusa a 16 personas de integrar una organización criminal que vendía influencias a cambio de dinero en efectivo, regalos y servicios de prostitución

La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra 16 implicados en el caso Tito Berni, solicitando penas que alcanzan los ocho años de prisión para los principales responsables. La trama, que operó en Canarias entre 2020 y 2021, contaba con una estructura jerarquizada donde el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el ex director general de Ganadería, Taishet Fuentes, habrían aprovechado sus cargos para vender su influencia a empresarios a cambio de dinero en efectivo, regalos y servicios de prostitución.

El modus operandi consistía en que el mediador de la red, Marco Antonio Navarro Tacoronte, captaba a empresarios con problemas administrativos o intereses en contratos públicos. A cambio de resolver expedientes, se exigían pagos que eran ingresados en la cuenta de la Asociación Deportiva La Vega de Tetir, presidida por el diputado nacional, o en cuentas de terceros, camuflando las transferencias mediante facturas ficticias por supuestos servicios de asesoramiento.

Uno de los episodios más graves relatados por el fiscal Jaime Serrano-Jover describe cómo se paralizó deliberadamente un expediente sancionador contra una empresa láctea que debía abonar una multa cercana a los 100.000 euros. Tras realizar diversos pagos a la red y a la pareja del mediador, el proceso administrativo fue archivado por prescripción, lo que, según el Ministerio Público, fue una maniobra consciente facilitada por los funcionarios implicados.

Prostitución

El escrito también detalla el uso recurrente de servicios de prostitución como moneda de cambio, cargando dichos gastos a los empresarios interesados. Además, se documentan estafas a ganaderos de Fuerteventura, a quienes se les prometió la regularización de licencias imposibles de obtener, aprovechando la información confidencial a la que tenían acceso los altos cargos públicos desde sus puestos de gestión.

La Fiscalía solicita penas por cohecho continuado, pertenencia a grupo criminal y tráfico de influencias, incluyendo importantes periodos de inhabilitación para cargo público. Este caso expone una forma de corrupción que, lejos de grandes sumas, se basaba en la instrumentalización de la autoridad institucional y la influencia política para coaccionar y lucrarse de empresarios en situaciones vulnerables.