Ribera y Sánchez optan por que el TS unifique doctrina sobre el 'sí es sí'

Tribunal Supremo — La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera (i) y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (d). | Fuente: Europa Press / A. Martínez / Pool

Ribera apunta que tomarán medidas «inmediatamente después, pero es precipitado buscar esa primera respuesta destructiva en relación con el Gobierno»

Las ministras socialistas Teresa Ribera y Raquel Sánchez ha cerrado este viernes filas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al defender la necesidad de esperar a que el Supremo unifique doctrina sobre la aplicación de la Ley del ‘solo si es si’, antes de adoptar otas medidas.

«Es un tema especialmente sensible. Es muy importante esperar a ver cómo se pronuncia el Supremo y cómo se unifica doctrina. El objetivo está claro, garantizar la máxima protección a las mujeres», ha explicado Ribera en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

En lo referente al coste político que pueda provocar para el Gobierno la reducción de penas a condenados por delitos sexuales, Ribera ha defendido «el compromiso del gobierno con la protección de las mujeres», que, según ha afirmado, «es incuestionable» y ha añadido que la voluntad del ejecutivo es «mantenerse en esa dirección».

«Esperemos que a ver qué es lo que ocurre en este pronunciamiento del Tribunal Supremo para reconducir a una única interpretación, la más garantista con las víctimas, y continuemos esta senda inmediatamente después, pero es precipitado buscar esa primera respuesta destructiva en relación con el Gobierno», ha añadido la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidenta del Gobierno.

Por su parte, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha rechazado, en una entrevista en La 2 y Radio 4, atribuir responsabilidades a los jueces por las rebajas de penas a violadores apelando a la entrada en vigor de esta norma, tal y como han hecho desde el espacio de Unidas Podemos.

Así, ha insistido en que la voluntad del Gobierno con esta nueva ley es tipificar como delitos conductas que antes no lo eran y ha considerado que «jueces y tribunales deben determinar y fijar un criterio de interpretación» que responda a la protección de las víctimas.