El sumario dibuja una red criminal financiada por el PSOE para evitar que la UCO investigase y ‘cargarse’ las causas judiciales abiertas

4 de junio de 2026
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El fiscal Stampa dice que en la reunión con Leire Díez le dijeron que el presidente Sánchez ordenó "limpiar" tras el caso Begoña Gómez
Leire Díez, conocida como la 'fontanera del PSOE'. /EP

El informe policial, remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, señala formalmente a 11 personas en calidad de investigadas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado una presunta estructura organizada que utilizaba recursos logísticos y económicos del PSOE para interferir, entorpecer y desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban a miembros del partido o del Gobierno.

El informe policial, remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, señala formalmente a 11 personas en calidad de investigadas, situando al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y a la exmilitante Leire Díez en el núcleo de la operativa.

Entre las conclusiones más severas del atestado, los investigadores sostienen que el PSOE asumió el pago de los abogados del exministro José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García al inicio de su proceso judicial.

Según las evidencias, Leire Díez dirigía la estrategia y llegó a asegurar por escrito a uno de los letrados que el partido se haría cargo de los costes, empleando para la gestión de desplazamientos y gastos a trabajadoras de la propia estructura orgánica de la formación socialdemócrata.

La red criminal también desplegó maniobras de alta presión institucional y chantaje, como el intento de pactar con el comisario jubilado José Manuel Villarejo un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información sensible sobre políticos y empresarios.

Asimismo, el informe detalla que la trama buscó activamente en su día datos para comprometer a la magistrada Mercedes Alaya —instructora del ‘caso ERE’— y, sobre todo, últimamente a la juez de Badajoz que ha investigado al hermano músico de Pedro Sánchez, y que Díez se reunió en varias ocasiones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para instigar expedientes administrativos contra los propios agentes de la UCO.

En el marco de esta operación, la Guardia Civil coordinó múltiples registros domiciliarios en Madrid, Boadilla del Monte y en dos inmuebles vinculados a Santos Cerdán en Milagro (Navarra).

Durante las intervenciones, los agentes incautaron un volumen masivo de material digital de última generación, decenas de dispositivos móviles, agendas corporativas, discos duros y lápices de memoria que albergan comunicaciones directas y chats de WhatsApp de los implicados.

El registro en la vivienda del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías arrojó el hallazgo de 19.850 euros en efectivo, los cuales estaban distribuidos en varios fajos ocultos dentro de un baúl en el salón y en un sobre en el vestidor.

Junto al dinero, que ya ha sido puesto a disposición judicial, la UCO intervino abundante documentación física, archivadores manuscritos y una carpeta roja con las siglas del PSOE que presuntamente vinculan al exdirigente con las actividades de la trama.

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