La Audiencia Nacional imputa a Santos Cerdán, la gerente del PSOE y Gaspar Zarrías en el ‘caso Leire Díez’

Los investigadores apuntan a la existencia de una estructura organizada que habría utilizado relaciones políticas y capacidad de influencia dentro de la Administración para favorecer determinadas decisiones y contratos

La investigación del denominado ‘caso Leire Díez’ ha dado un nuevo giro después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordara imputar al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la gerente socialista Ana María Fuentes y al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías.

El magistrado investiga una supuesta trama relacionada con pagos y operaciones dirigidas presuntamente a obtener información sensible sobre jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset y a otros investigados vinculados a contratos y actividades bajo sospecha.

La decisión judicial se conoció el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedieron nuevamente a la sede nacional del PSOE en Ferraz para solicitar documentación relacionada con una pieza separada del procedimiento. Además, el juez ordenó actuaciones en domicilios vinculados a algunos de los investigados.

El caso gira alrededor de la exmilitante socialista Leire Díez, señalada como una figura clave dentro de la supuesta red investigada.

La UCO sospecha de una red de comisiones y contratos irregulares

Según la investigación, la Guardia Civil sospecha que algunos de los investigados habrían participado entre 2021 y 2023 en operaciones destinadas a obtener beneficios económicos mediante el cobro de comisiones relacionadas con empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.

Los investigadores apuntan a la existencia de una estructura organizada que habría utilizado relaciones políticas y capacidad de influencia dentro de la Administración para favorecer determinadas decisiones y contratos. Entre las operaciones bajo sospecha figuran actuaciones vinculadas a expedientes administrativos y presuntas contrataciones irregulares.

Además, durante los registros realizados en domicilios relacionados con la causa, la UCO intervino abundante material informático y documentación que continúa siendo analizada por los investigadores.

La ampliación de las imputaciones incrementa la presión política y judicial sobre el PSOE en un momento especialmente delicado para el partido, mientras continúan avanzando las diligencias en la Audiencia Nacional y crece la atención pública sobre el alcance real de la investigación.