El Tribunal Supremo ha desestimado formalmente la solicitud de libertad provisional presentada por la defensa de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes. La resolución se ha hecho pública coincidiendo con la última jornada del juicio que investiga el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia, en el que García se sienta en el banquillo junto al exministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama.
En su auto, el tribunal sostiene que las circunstancias que motivaron la medida cautelar no han variado y que el riesgo de fuga sigue vigente. Los magistrados han subrayado que, tras la conclusión de la vista oral, comienza ahora una fase de deliberación especialmente compleja que requiere un análisis exhaustivo de toda la causa, lo que justifica que el acusado permanezca en el centro penitenciario de Soto del Real.
La defensa de García, ejercida por la abogada Leticia de la Hoz, había solicitado la excarcelación alegando que, una vez finalizado el proceso, no existía posibilidad de sustracción a la justicia. Además, la letrada denunció un «agravio comparativo» respecto a Víctor de Aldama, el único de los tres principales implicados que se encuentra actualmente en libertad, e insistió en que el papel de su representado se limitaba a tareas de asesoría personal sin capacidad de decisión.
Paralelamente, el escenario judicial se complica para los implicados en la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno ha decidido posponer al 21 de mayo la declaración de Víctor de Aldama en una pieza separada que investiga contratos de material sanitario con los gobiernos de Canarias y Baleares. Por su parte, Koldo García mantiene su citación para este jueves, aunque su defensa ha solicitado la anulación de la comparecencia argumentando que ya ha sido juzgado por estos mismos hechos en el Supremo.
Esta nueva línea de investigación judicial se centra en las gestiones realizadas por la denominada «trama Koldo» con las administraciones autonómicas que presidían en aquel momento Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. Mientras el Tribunal Supremo redacta la sentencia sobre la causa principal, la Audiencia Nacional continúa rastreando el rastro de las mordidas y las adjudicaciones irregulares de pruebas PCR en plena emergencia sanitaria.