La violencia contra el personal sanitario "se ha intensificado"

La OMS, MSF y Cruz Roja llaman a los países a actuar y destinar recursos para garantizar su protección

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras (MSF) han denunciad que la violencia contra el sector sanitario no solo persiste, sino que se ha intensificado. A pesar de cumplirse diez años de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía la protección de estas instalaciones, las organizaciones aseguran que la realidad sobre el terreno es actualmente más crítica y peligrosa que hace una década.

Las entidades humanitarias han sido tajantes al afirmar que el continuo goteo de muertes y lesiones entre personal médico y pacientes no se debe a vacíos legales, sino a una flagrante «falta de voluntad política». Advierten que cada hospital reducido a escombros y cada ambulancia bloqueada representan una crisis de humanidad, donde se vulnera el derecho básico a recibir asistencia y se condena a muerte a personas con heridas que serían fácilmente tratables.

Ante este deterioro, han instado a los líderes mundiales a implementar de manera efectiva la Resolución 2286, transformando los compromisos teóricos en acciones operativas. Entre las medidas urgentes, proponen integrar la protección sanitaria en la doctrina y las reglas de enfrentamiento de las fuerzas armadas. El objetivo es que el respeto al derecho internacional humanitario sea una directriz obligatoria en cualquier despliegue de seguridad o militar.

Recursos financieros y técnicos suficientes

Asimismo, la OMS, el CICR y MSF han demandado que los Estados asignen recursos financieros y técnicos suficientes para fortalecer las leyes nacionales que protegen la salud en contextos de guerra. También han hecho un llamamiento para que los países utilicen su influencia diplomática sobre otras partes en conflicto, obligándolas a cumplir con sus responsabilidades internacionales y detener la violencia injustificable contra los activos médicos.

Finalmente, las organizaciones han exigido la creación de mecanismos de investigación rápidos, transparentes e imparciales para garantizar que los ataques no queden impunes. Han solicitado que los gobiernos informen periódicamente sobre los avances y desafíos en la aplicación de la normativa vigente, subrayando que sus equipos están listos para asesorar a los países y evitar que el derecho a la salud siga siendo una víctima colateral de los enfrentamientos armados.