La Audiencia Nacional ha ratificado este lunes el archivo de la causa contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, tras constatar que el exdirigente de 95 años carece de la capacidad cognitiva necesaria para afrontar el proceso judicial. El magistrado José Ricardo de Prada confirmó que el tribunal dictará un auto de sobreseimiento libre, eximiendo definitivamente a Pujol de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales por los que el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente nueve años de prisión.
Esta decisión se produce después de que Pujol se sometiera a un reconocimiento médico el mismo día en que estaba citado para prestar declaración. Los resultados facultativos determinaron que sus facultades mentales están lo suficientemente mermadas como para impedirle ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva. Ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado favorable a la exoneración del expresidente, reconociendo la inviabilidad de continuar el proceso penal en su contra.
A pesar del archivo de la causa para el patriarca de la familia, el juicio continúa su curso para el resto de los procesados. La Fiscalía ha confirmado que mantendrá las peticiones de condena para los siete hijos de la familia Pujol, quienes siguen acusados de formar una supuesta organización criminal. El Ministerio Público sostiene que los hijos del expresidente se habrían enriquecido ilícitamente durante décadas, aprovechando la posición política de su padre en Cataluña.
Las penas solicitadas por Anticorrupción son especialmente severas para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para quien se reclaman hasta 29 años de cárcel. Para el resto de los hermanos, las peticiones de prisión oscilan entre los 8 y los 17 años, dependiendo de su grado de implicación en la presunta trama. Además de la familia, el proceso también afecta a una expareja del hijo mayor y a más de una decena de colaboradores señalados como cooperadores necesarios en la estructura de blanqueo.
Con la finalización de las declaraciones de los acusados este lunes, el juicio entra en su fase definitiva en la sede de San Fernando de Henares. A partir de este martes, las partes comenzarán a exponer sus informes finales sobre delitos que incluyen falsificación de documento mercantil, alzamiento de bienes y delitos contra la Hacienda Pública. El proceso, que ha durado años, encara así su recta final centrando ahora toda la responsabilidad penal en la descendencia del expresidente.