En España, la protección de los salarios frente a la inflación sigue siendo minoritaria. Solo alrededor de cuatro de cada diez trabajadores incluidos en convenios colectivos cuentan con algún mecanismo que garantice la actualización de sus sueldos si suben los precios, según datos del Ministerio de Trabajo analizados hasta el mes de abril.
La cobertura, sin embargo, no es homogénea. La industria y la construcción son los sectores donde más extendida está esta herramienta, con niveles que superan claramente la media. En cambio, en la agricultura y en buena parte del sector servicios, la presencia de cláusulas de revisión es residual o claramente limitada.
En términos absolutos, más de siete millones de trabajadores están cubiertos por convenios colectivos registrados este año, pero solo una parte dispone de garantías automáticas para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Esto significa que la mayoría queda expuesta a que la evolución del IPC erosione su salario real sin ajustes automáticos.
El peso de estas cláusulas también varía según el tipo de convenio. Apenas tres de cada diez acuerdos firmados incluyen algún mecanismo de revisión salarial, y no todos se activan de la misma forma, ya que una parte de ellos depende de condiciones posteriores o de revisiones no automáticas.
Mientras tanto, los incrementos salariales pactados en convenio se sitúan ligeramente por debajo de la inflación en el arranque del año, lo que mantiene la presión sobre la negociación colectiva. En este contexto, sindicatos y patronal preparan un nuevo acuerdo salarial de referencia que marcará la evolución de los sueldos en los próximos años.
Las organizaciones sindicales defienden subidas más ambiciosas y mecanismos automáticos de compensación si los precios vuelven a acelerarse, mientras que las empresas advierten de la dificultad de asumir incrementos generalizados en un escenario de costes aún elevados.