La lucha contra el terrorismo yihadista en España ha dejado en los últimos cinco años un total de 37 menores detenidos y 116 personas expulsadas del país, según datos del Ministerio del Interior. El Gobierno subraya que la estrategia policial se centra en la prevención y en detectar los procesos de radicalización antes de que puedan convertirse en una amenaza real.
Las fuerzas de seguridad han identificado en este periodo varios casos en los que los sospechosos habían comenzado a formarse por su cuenta o a analizar posibles objetivos. Sin embargo, las autoridades aseguran que ninguno de esos procesos se encontraba en una fase inmediata previa a la ejecución de un atentado.
Uno de los últimos golpes contra el yihadismo se produjo el 25 de marzo, cuando una operación conjunta entre la Policía española y los servicios de seguridad marroquíes permitió desarticular una célula vinculada con el Estado Islámico. El operativo terminó con un detenido en Mallorca y otros dos en Tánger. Según las autoridades marroquíes, el grupo estaría relacionado con ramas de la organización en el Sahel y Somalia y planeaba una acción de gran envergadura.
En cuanto a las detenciones más recientes en España, el Gobierno señala que en 2025 se han registrado 100 arrestos por presuntos vínculos con el terrorismo yihadista. Cataluña encabeza la lista con 33 detenidos, seguida por la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, ambas con 13, y Melilla con 9.
El Ejecutivo insiste en que el elevado número de operaciones policiales debe interpretarse como un indicador de la eficacia preventiva del sistema de seguridad, que busca neutralizar los riesgos antes de que evolucionen hacia fases más peligrosas.
Las autoridades también alertan de un fenómeno creciente: la autoradicalización a través de internet, especialmente entre jóvenes. En este contexto se han identificado cuatro casos de los llamados “actores solitarios”, personas que actúan de forma individual sin pertenecer directamente a una organización terrorista.
La edad media de los detenidos desde 2021 se sitúa en los 32 años. Entre los arrestados figuran 196 extranjeros y, en el caso de los detenidos con nacionalidad española, en 123 casos se ha constatado que tenían progenitores de origen extranjero.