El Gobierno deja que las gasolineras abusen de los usuarios mientras Francia las multa

Los consumidores españoles pagan precios récord por el combustible y el Gobierno sigue de brazos cruzados, a diferencia de Francia, que sanciona duramente a las estaciones que se aprovechan de la subidas del mercado

El Gobierno de Francia ha optado por una respuesta de choque ante la escalada del precio de los carburantes en las gasolineras: inspecciones masivas, presión pública sobre los distribuidores y sanciones cuando el precio que se muestra no coincide con el que se cobra a los usuarios.

No se trata de obligar a nadie a bajar el litro por decreto en las estaciones de servicio, sino de vigilar con lupa que no haya trampas en el surtidor y de forzar al sector a trasladar antes cualquier bajada del mercado al surtidor.

Pero, en España, el Gobierno sigue de brazos cruzados, mientras los surtidores se llenan de euros y el consumidor paga cada litro como si fuera oro. Pedro Sánchez parece más preocupado por quedar bien con el sector que por proteger a los ciudadanos. Cada día que pasa, las petroleras engordan sus beneficios y los españoles pierden poder adquisitivo.

La diferencia de esta medida francesa con España no está en el carburante, sino en la mano política: Macron, en París, prefiere exhibir poder y meter miedo a las gasolineras; Sánchez, en Madrid, opta por un discurso tibio que suele quedarse en la vigilancia, la prudencia y, como mucho, las ayudas puntuales que solo rozan la superficie del problema.

La clave es esa. Francia no ha descubierto una fórmula mágica para abaratar el precio del combustible, sino que ha activado un mensaje político duro: si el mercado sube, el Estado mira; si alguien engaña al consumidor, paga; y si el precio internacional da un respiro, la rebaja debe notarse en el bolsillo del usuario sin demora.

Menos fogonazos y más burocracia

España, en cambio, no suele entrar en esa lógica de escarmiento público. Aquí el Gobierno acostumbra siempre a esquivar el choque frontal con empresarios y estaciones de servicio refugiándose en la recaudación, la normativa general, las medidas compensatorias y en el buen hacer de las empresas.

En el fondo, el contraste retrata dos maneras de gobernar: una, la francesa, que convierte el precio de la gasolina y el diésel en un pulso político; otra, la española, que intenta no abrir un enfrentamiento con uno de los sectores que considera estratégico y que, en la práctica, se mueve dentro de márgenes muy ajustados.

Si de verdad se quisiera proteger al ciudadano, las medidas podrían ser contundentes: centralizar el suministro energético bajo control público, intervenir o incluso nacionalizar empresas clave para garantizar precios justos, imponer topes temporales de márgenes de beneficio y obligar a las distribuidoras a trasladar cualquier bajada de costes inmediatamente.

El problema es que, mientras en Francia enseñan los dientes, los conductores españoles siguen pagando y esperando. Y, mientras tanto, las petroleras se ríen.