Hoy: 22 de noviembre de 2024
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha dejado en manos de la magistrada andorrana Stéphanie Garcia que investiga el caso de la vertiente de la ‘Operación Cataluña’ en el principado la querella presentada por Joan Pau Miquel, el ex consejero delegado de la BPA, contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y varios mandos policiales por su implicación en esta trama. Así, se cierran las diligencias previas incoadas a raíz de la querella por una cuestión de competencia. Se trata de una causa sobre la que FUENTES INFORMADAS ha realizado importantes revelaciones en forma de audios y escritos judiciales que propiciaron la imputación del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o del propio Fernández Díaz.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha seguido el criterio marcado por la Fiscalía Anticorrupción, que informó en contra de asumir la investigación de estos hechos explicando que la competencia para el conocimiento de los mismos no era de la Audiencia Nacional.
En la citada querella, la representación del entonces banquero apuntaba a supuestos delitos de organización criminal, falsedad documental, amenazas, detenciones ilegales, malversación y falso testimonio. Además, también se dirigía contra el antiguo ‘número dos’ de Interior (secretario de Estado de Seguridad), Francisco Martínez; el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó; o el comisario José Manuel Villarejo, entre otros.
Fue el propio Gadea el que acordó el pasado 26 de septiembre incoar diligencias previas a raíz de ese escrito. Entonces, el juez dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informase sobre la competencia del tribunal y en su caso diligencias a practicar.
Esta era la segunda querella que la representación de Miquel presentó en el mismo sentido ante la Audiencia Nacional después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, rechazase el pasado mes de julio indagar en este asunto aludiendo también a la cuestión de la competencia.
El letrado del exCEO de la BPA remitió ese primer escrito a García Castellón al entender que los hechos denunciados guardaban relación con ‘Tándem’, la macrocausa en la que el juez indaga en los presuntos encargos privados que Villarejo, según la Fiscalía, habría realizado en su condición de policía en activo.
García Castellón, sin embargo, rechazó esta pretensión al considerar que los hechos no eran de su competencia. La representación de Miquel, por el contrario, consideraba que la AN era el tribunal competente en tanto que este caso lleva aparejado un perjuicio económico considerable ligado a la liquidación de la entidad, por lo que presentó una segunda querella argumentando de forma más extensa por qué entendía que la AN era la encargada de asumir la investigación.
Cabe recordar que la Justicia del Principado de Andorra ya indaga por su parte en estos mismos hechos. En concreto, la jueza investiga al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al exministro del Interior Jorge Fernández Día y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
La vía andorrana de la ‘Operación Cataluña’ tiene que ver con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la BPA para conocer mediante vías ilegales una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos los exdirigentes catalanes Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.
Concretamente, alude a una trama tejida entre 2012 y 2016 el Gobierno español de entonces -presidido por Mariano Rajoy, imputado en esta causa junto a Fernández Díaz por unos audios que reprodujo en exclusiva este medio- inundó de mentiras al Ejecutivo de Estados Unidos, por medio del FBI, arguyendo que en Andorra, en general, se blanqueaba dinero de ciudadanos venezolanos y rusos. Algo que posteriormente se reveló como falso, pero que tenía la intención de que el FinCEN emitiese la citada nota dando la voz de alarma para la intervención de la BPA. De hecho, tal y como se hacía eco este medio, recientemente un guardia civil se ha atribuido la intervención del FinCEN contra la entidad bancaria andorrana.
Finalmente, ni ese aviso o nota (notice) inicial que el organismo dependiente del departamento del Tesoro americano emitió un año después dejando sin efecto las sospechas lanzadas contra BPA. Toda una operación de desprestigio hacia la entidad que no se correspondía con la realidad y que le trajo innumerables perjuicios económicos que casi le han llevado a la quiebra.