El Gobierno ultima un nuevo paquete de medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de los combustibles, pero descarta repetir la bonificación general a la gasolina aplicada tras el inicio de la guerra de Ucrania. El plan apuesta por ayudas más focalizadas en los sectores más afectados, como el transporte o el campo, además de reforzar la protección de los hogares vulnerables.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó tras reunirse con sindicatos y patronales que el Ejecutivo quiere primero consensuar cualquier medida con los agentes sociales y los grupos parlamentarios antes de llevarla al Congreso. “Ahora mismo lo prioritario es trabajar para cerrar un texto con la mayor celeridad”, afirmó, con el objetivo de responder a los efectos que ya están notando “ciudadanos y empresas”.
El Ejecutivo plantea actuar en varios frentes. Por un lado, impulsar medidas estructurales ligadas a las energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y su volatilidad. Por otro, aplicar medidas “quirúrgicas” dirigidas específicamente al aumento del precio de la energía, que se ha convertido en la principal preocupación económica del momento.
Entre las opciones sobre la mesa está recuperar algunas medidas del anterior escudo social, como la prohibición de cortar suministros básicos a hogares vulnerables. Sin embargo, el Gobierno descarta prácticamente la bonificación general al combustible porque, según el ministro, “parece que en las circunstancias actuales la bonificación sería una de las medidas que menos nos aconsejan los sectores y los agentes sociales”.
El Ejecutivo también estudia rebajar de nuevo el IVA de la electricidad, una medida que ya se utilizó durante la crisis energética anterior y que, según Cuerpo, genera “bastante consenso”. Además, trabajará con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para vigilar posibles comportamientos “anómalos” en las gasolineras y garantizar que las bajadas del crudo se trasladen al precio final.
Por ahora, el Gobierno descarta intervenir en otros ámbitos como el precio de los alimentos o el mercado de la vivienda. “Tenemos que tener una respuesta perimetrada y muy proporcional a los efectos que estamos observando”, señaló Cuerpo. Mientras tanto, los sindicatos han pedido abaratar el transporte público y reforzar el control de precios, insistiendo en que las ayudas deben beneficiar directamente a los ciudadanos y no solo a las empresas.