La Fiscalía mantiene los 24 años de prisión para Ábalos, los 19 y medio para Koldo y 7 años para Aldama

El PP sí cambia y pide apreciar la confesión “muy cualificada” del presunto conseguidor, de modo que no llegue a entrar en prisión

El juicio por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia sigue avanzando en el Tribunal Supremo con posiciones cada vez más definidas. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido mantener intactas sus peticiones de condena para los principales acusados, reafirmando su postura tras escuchar sus declaraciones.

El Ministerio Público solicita 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para su exasesor Koldo García y 7 años para el empresario Víctor de Aldama. Estas penas se sostienen en la presunta implicación de los acusados en irregularidades relacionadas con la adquisición de mascarillas en un momento crítico para el sistema sanitario.

Según ha explicado el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, las conclusiones finales apenas han sufrido cambios respecto a las iniciales. Se han introducido ajustes formales y de redacción, pero sin alterar el fondo del caso. Esta decisión refleja la convicción de la Fiscalía de que existen elementos suficientes para mantener la acusación en los mismos términos, reforzando así la idea de una línea acusatoria firme y consolidada.

Diferencias entre acusaciones y estrategias de defensa

Frente a la postura de la Fiscalía, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, han introducido algunos matices. Aunque mantienen una petición más elevada para Ábalos y Koldo —llegando hasta los 30 años de prisión— han optado por reducir la pena solicitada para el empresario Aldama, situándola en cinco años.

Esta rebaja responde, según sus representantes legales, a la colaboración del empresario durante el proceso. Consideran que su participación ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, incluso aportando información sobre otras posibles actuaciones irregulares. Por ello, aplican una atenuante basada en la confesión, lo que ha influido en la reducción de la pena solicitada.

Por su parte, la defensa de Aldama va más allá y sostiene que la pena debería ser aún menor. Sus abogados argumentan que la colaboración del empresario debe tener un mayor peso en la valoración judicial, defendiendo que la condena no debería superar los dos años por cada delito.

Un proceso judicial en pleno desarrollo

Mientras tanto, las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García mantienen una postura clara: la absolución total. Ambos niegan cualquier implicación en los hechos que se investigan y rechazan las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

El juicio continúa siendo un escenario de contrastes, donde cada parte defiende su relato con firmeza. Por un lado, la Fiscalía insiste en la gravedad de los hechos y en la necesidad de imponer penas elevadas. Por otro, las defensas cuestionan la base de las acusaciones y apelan a la falta de pruebas concluyentes.

Este caso no solo tiene relevancia jurídica, sino también política y social, al estar vinculado a decisiones tomadas en un contexto de emergencia sanitaria. La resolución final será clave para determinar responsabilidades y esclarecer uno de los episodios más controvertidos de la gestión pública reciente.