El estremecedor relato del preso que lleva fugado más de un año: «Cumplir una condena no puede significar estar a punto de morir por desatención médica»

El interno Juan Antonio Flores reclama desde su escondite «dignidad e indulto ante una vida de enfermedad al límite»

Juan Antonio Flores, el interno enfermo de diabetes y ahora con un tumor, entre otras graves patologías, que lleva fugado de la cárcel de Navalcarnero desde hace más de un año porque ni allí ni en otras cárceles le atendieron sus graves dolencias, cuenta en primera persona su cautiverio penitenciario.

Entró por un delito de estafa en la prisión de Soto del Real (Madrid) siendo una persona totalmente sana, y allí, por graves negligencias y desatención médica, hoy se halla con un 80% de discapacidad reconocida oficialmente. Estuvo a punto de perder la vida en la cárcel sin que nadie le atendiera.

La atención médica en las cárceles es uno de los grandes problemas que azotan hoy a las prisiones españolas que dirige Ángel Luis Ortiz.

La cárcel, la despreocupación por su salud, cuenta, le generó una diabetes tipo 1 de la que no fue debidamente atendido y debido a ello le surgió un tumor en una pierna que le llevó al coma y del que fue operado en el hospital Gregorio Marañón a vida o muerte.

Hoy sigue huido de la cárcel tras no haberse presentado en el centro durante un permiso con la finalidad de ser atendido en la sanidad pública, en la calle, puesto que en la cárcel ni siquiera le llevaban a sus citas con los especialistas hospitalarios.

Juan Antonio Flores cuenta a continuación, en primera persona, cómo en la cárcel han destruido la vida a una persona que estaba sana, padre de cuatro hijos, así como las arbitrariedades que ha vivido.

Tiene presentada una querella contra sanitarios y directivos penitenciarios. Leonor, subdirectora de la prisión de régimen abierto Victoria Kent, y Pepe Comerón, director de Meco, son dos de los querellados y las personas, asegura Flores, que más han incidido en su actual situación tanto médica como carcelaria.

El planteamiento de Flores (que asegura que en las cárceles se mueven cientos de móviles que entran en los vis a vis o contactos íntimos de familiares con presos, y también comprándolos a funcionarios) es que una condena de cárcel no puede llevar aparejada una desatención médica hasta el punto de, como ha sido su caso, conducir a un interno a una situación cercana a la muerte.

A continuación, Juan Antonio Flores mira a su pasado reciente y relata su actual situación desde el lugar en el que se esconde de la policía:

«Hay historias que obligan a detenerse», cuenta. Y añade: «No por lo que cuentan de un delito, sino por lo que revelan sobre un sistema penitenciario que debería garantizar la reinserción y, sin embargo, termina rozando el abandono.

Mi situación es una de ellas. Convivo con una enfermedad crónica grave, con secuelas físicas acumuladas y con un deterioro progresivo que no entiende de burocracia ni de plazos administrativos.

Y ahí es donde la pregunta deja de ser jurídica para convertirse en humana: ¿Hasta dónde llega la pena y dónde empieza el deber del Estado de proteger la vida? Porque cumplir condena no puede significar perder la salud.

Ni la esperanza. Mi cuerpo ya ha resistido demasiado. No soy solo un interno. Soy un enfermo con diabetes severa, con episodios de hipoglucemia potencialmente mortales, con infecciones pasadas que lo llevaron al límite y con nuevas patologías que hoy siguen pendientes de diagnóstico y tratamiento.

Mi audición y en general mi salud se ha deteriorado hasta afectar a mi vida diaria. Necesito ser intervenido. Sobre mi páncreas pesa la sospecha de una tumoración que requiere estudio clínico. Desde hace tiempo todo son esperas.

Mi vida son meses que se convierten en años. Pruebas médicas que no llegan. Especialistas que se retrasan. Procesos médicos que, fuera del entorno penitenciario, se resolverían con rapidez, pero que dentro avanzaban con una lentitud incompatible con la enfermedad. Y el tiempo pasaba. Pero el cuerpo no espera.

Reinserción no es una palabra: es una obligación. La finalidad constitucional de la pena es clara: reeducación y reinserción social.

Reinsertar no es solo permitir trabajar o salir en permisos. Pero no debe haber castigos añadidos ni abandono sanitario. Ni desgaste físico progresivo.

No se puede reconstruir una vida desde el deterioro físico.

Reinsertar es preservar a la persona para que pueda volver a vivir en sociedad. Con salud. Con dignidad. Con posibilidades reales de rehacer su vida.

Cuando un interno enferma gravemente y su atención se dilata, la reinserción deja de ser un objetivo y se convierte en una quimera. Porque nadie puede reconstruir su vida desde el deterioro físico.

Detrás del interno hay un padre. Una realidad que a menudo se olvida. Soy padre de cuatro hijos, tengo una familia y unos hijos que esperan mi regreso. Personas que no miran su expediente, sino su rostro, su estado, su resistencia. Para ellos no soy un número penitenciario. Soy un ser humano al límite.

Debate sobre el indulto

Cada ingreso hospitalario, cada bajada de azúcar, cada dolor no tratado, cada mes de espera… es una carga emocional que también cumple condena fuera de los muros. La pena nunca es colectiva. Pero el sufrimiento sí lo está siendo.

El debate sobre el indulto suele situarse en el terreno ideológico. Pero hay casos en los que la cuestión es mucho más sencilla: vida, salud y proporcionalidad.

Cuando la enfermedad se suma a la condena y la agrava, cuando la atención médica se retrasa y el deterioro es evidente, el indulto deja de ser una herramienta excepcional para convertirse en una medida de humanidad.

No se trata de borrar la responsabilidad penal abonado durante más de 6 años. Se trata de evitar que la pena derive en daño irreversible. Se trata de recordar que el Estado no castiga para destruir, sino para reinsertar. La línea que no se puede cruzar. Privar de libertad es legítimo. Privar de salud no lo es.

Ninguna condena debería implicar perder la audición sin tratamiento. Ninguna condena debería convivir con la sospecha de un tumor sin intervención ágil. Ninguna condena debería prolongarse sobre un cuerpo que ya ha sobrevivido demasiado.

Porque cuando la enfermedad entra en prisión, la respuesta no puede ser la espera. Tiene que ser la acción. Una sociedad se mide por cómo trata a los más vulnerables.

No pido privilegios. Pido atención médica real. Dignidad. Y una oportunidad de reinserción antes de que mi salud quede definitivamente dañada. Y ahí es donde la responsabilidad ya no es solo penitenciaria ni sanitaria. Es social.

Una democracia se mide por cómo protege a quien está bajo su custodia. Por cómo garantiza derechos incluso a quienes han cometido errores. Por cómo entiende que la justicia sin humanidad deja de ser justicia.

Soy algo más que un caso individual. El momento en el que una condena deja de ser una vía hacia la reinserción y empieza a parecerse demasiado a una condena al deterioro de la salud. Es un límite que ningún Estado de derecho debería permitirse cruzar», concluye Flores.