El laberinto de la incertidumbre institucional

«La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo.» — Marco Tulio Cicerón

Es voz común escuchar en diversas esferas del pensamiento una expresión preocupante, inherente a la situación que atraviesa la arquitectura institucional de nuestro tiempo. Millones de ciudadanos se hacen hoy la misma pregunta: «¿qué irá a pasar?». A medida que transcurren los días, las semanas y los meses, los ánimos parecen caldearse ante una realidad que se percibe errática. Un alto porcentaje de la población ha entrado en un estado de postración y exasperación, observando lo que podríamos denominar una involución en las formas del ejercicio público. Hemos sido testigos de desmanes que rompen la armonía del Estado de derecho, sumergiendo a la sociedad en un clima de incertidumbre que erosiona las bases de la convivencia ciudadana.

Esta serie de acontecimientos, marcados por una gestión que parece haber perdido el norte del bien común, nos tiene en vilo. Ya no solo se trata de la retórica procesal o del discurso político cotidiano, sino de una serie de actividades que parecen escenificadas para profundizar la división en lugar de buscar la concordia. En los últimos tiempos se ha acentuado la presión sobre aquellos que mantienen una visión crítica, utilizando los resortes del poder para descalificar y menospreciar las voces disidentes. Es incomprensible ver cómo figuras que deberían ser garantes de la estabilidad actúan con poses que desdibujan la majestad de sus cargos, olvidando que su primer deber es con la ley y con el soberano.

La opinión pública asiste con estupor a una conducta que muchos califican de cómplice ante el deterioro de los servicios públicos y la seguridad jurídica. Es censurable y reprochable que, en lugar de frenar el atropello, se prefiera el silencio o la defensa de proyectos que alienan al ciudadano de sus derechos fundamentales. No se puede conducir a los cuerpos de seguridad o a la administración de justicia para servir de barrera contra el reclamo legítimo de un pueblo que exige transparencia. Cuando la gestión no es diligente para cumplir con sus deberes constitucionales, el sistema entero entra en una fase de inestabilidad que solo beneficia a quienes prosperan en el caos.

Reivindicamos la necesidad de rescatar la sobriedad en el mando. Una nación no es un tablero de experimentos ideológicos, sino un organismo vivo que requiere respeto por su historia y sus instituciones. La elegancia de la política reside en la capacidad de generar certezas, no en alimentar un desconcierto de contradicciones que paraliza la inversión y el progreso social. Es imperativo que las instituciones recuperen su autonomía y que los servidores públicos vuelvan a ser piezas de construcción y no herramientas de fragmentación. La verdadera fuerza de una sociedad se mide por su capacidad de resistir la tentación del autoritarismo y por la firmeza con que defiende su integridad frente a la arbitrariedad.

Al final, la paz social no puede ser el producto de una imposición, sino el resultado de una concordancia de pensamientos y voluntades libres. Mientras el escenario se llena de incertidumbre, nosotros debemos apostar por la claridad del análisis doctrinario y la defensa de la libertad individual. Solo mediante un ejercicio responsable de la ciudadanía y una rectitud inquebrantable en la función pública, podremos salir de este laberinto y asegurar que el futuro sea el renacer de una auténtica cultura del derecho. El prestigio de una gestión no se mide por su capacidad de amedrentar, sino por su voluntad de servir con honestidad a cada uno de los ciudadanos que conforman el tejido nacional.

«No hay nada más vergonzoso que un hombre que se deja llevar por otros sin saber hacia dónde va, pues ha renunciado a la luz de su propia razón.» — Séneca.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario