La tensión entre el poder político y el poder tecnológico ha vuelto a estallar. Esta vez, con nombres propios y acusaciones directas. El empresario Elon Musk, propietario de la red social X, ha arremetido duramente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el anuncio de una batería de medidas para limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y endurecer el control sobre los contenidos ilegales y de odio.
El cruce de declaraciones, lejos de ser anecdótico, refleja un choque de visiones sobre el futuro digital, la protección de la infancia y el papel de las grandes plataformas tecnológicas en la sociedad actual.
La reacción de Musk no se hizo esperar. A través de su propia red social, el magnate lanzó un mensaje incendiario en el que calificó a Sánchez de “tirano” y “traidor”, acusándolo de atentar contra la libertad y de dar la espalda al pueblo español. Sus palabras llegaron después de que el presidente anunciara que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros una prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, así como sanciones a las plataformas que no retiren contenidos ilegales, según Europa Press.
El enfrentamiento no surge de la nada. Ambos ya habían protagonizado un rifirrafe previo en redes, especialmente a raíz de debates sobre inmigración y el uso de la inteligencia artificial. De hecho, durante su intervención en una cumbre internacional en Dubái, Sánchez criticó abiertamente a Musk y señaló que herramientas como Grok generan contenido sexual ilegal, algo que considera inaceptable.
Para Musk, estas medidas representan un exceso de control estatal y una amenaza directa al modelo de las grandes plataformas. Para el Gobierno español, en cambio, son una respuesta necesaria a un entorno digital cada vez más agresivo y desregulado.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la prioridad es clara: proteger a los menores. Sánchez describió el entorno digital como un espacio de adicción, violencia, abusos y manipulación, en el que los niños “nunca deberían navegar solos”. Por ello, el plan incluye sistemas efectivos de verificación de edad, así como herramientas de rastreo y cuantificación del odio, con el objetivo de que difundir mensajes dañinos tenga consecuencias legales y económicas reales.
Además, el Gobierno quiere colaborar con la Fiscalía para investigar posibles infracciones de plataformas como TikTok o Instagram, defendiendo lo que denomina soberanía digital frente a presiones externas.
El debate está servido. Entre quienes ven estas medidas como una defensa necesaria de la infancia y quienes las interpretan como censura y control, la batalla entre política y tecnología no ha hecho más que empezar. Y, como demuestra este episodio, el tono promete ser cada vez más áspero.