La situación en Irán ha vuelto a centrar la atención internacional tras las protestas masivas registradas en las últimas semanas. Desde España, el presidente del Gobierno ha elevado el tono y ha reclamado de forma clara el fin de la violencia contra la población civil. El mensaje llega en un contexto marcado por la preocupación por los derechos humanos, la libertad de expresión y el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas.
El presidente Pedro Sánchez ha exigido públicamente a Irán que ponga fin “de inmediato” a la represión ejercida contra quienes se manifiestan de forma pacífica. En un mensaje difundido a través de redes sociales, Sánchez ha reclamado también el cese de las detenciones arbitrarias y de las restricciones a la libertad de expresión.
El jefe del Ejecutivo ha subrayado que España no puede permanecer ajena ante una situación que ya ha provocado centenares de víctimas mortales. Según los datos trasladados por organismos internacionales, la respuesta de las fuerzas de seguridad iraníes ha tenido un coste humano muy elevado, lo que ha generado una ola de condenas desde distintos países europeos, según Europa Press.
Como parte de esta respuesta política, el Gobierno español ha convocado al embajador iraní en Madrid. El objetivo ha sido trasladarle el rechazo oficial del Ejecutivo a la violencia ejercida contra los manifestantes y exigir el respeto de los derechos fundamentales de toda la población iraní. La reunión se enmarca en una estrategia diplomática que busca presionar sin romper los canales de diálogo.
Durante el encuentro con las autoridades españolas, el embajador iraní defendió la posición de su Gobierno. Reconoció, al menos de forma oficial, el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Sin embargo, también sostuvo que grupos violentos estarían aprovechando las movilizaciones para generar caos y ataques, una tesis que Teherán ha repetido en los últimos días.
Desde la perspectiva del Ejecutivo español, este argumento no justifica la represión generalizada ni el uso desproporcionado de la fuerza. España insiste en que protestar pacíficamente no puede ser castigado con detenciones masivas ni con violencia letal. Así lo han trasladado también otros países de la Unión Europea, que siguen con atención la evolución de los acontecimientos.
El intercambio diplomático refleja la tensión creciente entre la comunidad internacional y el régimen iraní. Mientras Teherán defiende su actuación como una respuesta a amenazas internas, desde fuera se reclama transparencia, contención y respeto a los derechos humanos.
Por ahora, el conflicto sigue abierto. Las protestas continúan y la presión exterior aumenta. En este escenario, la posición del Gobierno español se suma a un mensaje cada vez más compartido: la estabilidad no puede construirse sobre la represión, y el diálogo con la ciudadanía resulta imprescindible para evitar una escalada mayor de violencia.