Hoy: 23 de noviembre de 2024
El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto, a través de una batería de enmiendas a la Ley Trans, eliminar la autodeterminación de género en el Registro y endurecer las exigencias para realizar prácticas de modificación genital en menores de edad. Este miércoles se acaba el plazo para que los grupos presenten sus propuestas de modificación al texto normativo.
En una de sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press que recoge FUENTES INFORMADAS, el PP plantea suprimir el capítulo I relativo a la “rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental” eliminando, de esta forma, la posibilidad de la autodeterminación de género en el Registro, tanto para menores como para mayores de edad.
Asimismo, en otra de las enmiendas, los populares proponen que en menores de 12 a 16 años, las prácticas de modificación genital solo se permitan “a solicitud de la persona menor siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a comprender el alcance de la realización de dichas prácticas” y “con el consentimiento de sus padres”.
Además, plantean que, hasta los 18 años, cualquier tratamiento para realizar el cambio de sexo que sea “irreversible” deba contar “con un informe médico que lo avale”. El texto del proyecto de ley no exige permiso paterno ni aval médico, aunque sí prohíbe todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona.
Entre otros cambios, el PP también propone cambiar el nombre de la ley de forma que pase a denominarse ‘Proyecto de Ley orgánica para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI’; y sustituir, en todo el texto legislativo, la palabra ‘trans’ por ‘transexual’.
Igualmente, el Grupo Parlamentario Popular sugiere en sus enmiendas la supresión de todos los términos que, a su juicio, “oscurecen la existencia del sexo biológico”, por ejemplo, cuando se sustituye “madre” y “padre” por “progenitor gestante”, y plantea la supresión del término “personas trans gestantes”.
Respecto a la prohibición de las terapias de conversión, el PP plantea que no se consideren como tales “el asesoramiento médico o psicológico que realicen los menores o sus representantes legales para recibir el apoyo profesional sobre la posible disforia de género”.
En el ámbito educativo, sobre los programas de información al alumnado para divulgar las distintas realidades sexo-afectivas y familiares y combatir la discriminación de las personas LGTBI, el PP propone que estos programas “se realicen por profesionales del ámbito médico y psicológico” y no en colaboración con las organizaciones representativas de los intereses de las personas LGTBI, tal y como reza el redactado del proyecto de ley.
Por su parte, el PSOE registró el pasado lunes sus enmiendas parciales a la Ley Trans por medio de las cuales plantea eliminar la posibilidad de que los mayores de 14 años y menores de 16 puedan pedir presentar solicitud por sí mismos asistidos por sus representantes legales. En su lugar, los socialistas plantean que los menores de 16 años y mayores de 12 deberán contar con autorización judicial para la modificación de la mención registral de sexo.
Fuentes del PSOE han argumentado que este cambio se debe a que estiman “necesario reforzar las garantías para el tramo de 14 a 16 años”. En concreto, se apoyan en una conclusión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que dice que “legitimar a los mayores de 14 años y menores de 16 para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de su representantes legales, no resulta adecuado para proteger el interés del menor comprendido en esa franja de edad que carezca del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada”.
Por otro lado, el Grupo Socialista propone que en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de Ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.
Entre otros cambios, también plantean eliminar la analogía de la violencia “intragénero” con la violencia de género o que los programas de información sobre realidades sexo-afectivas en colegios se realicen no solo en colaboración con las organizaciones representativas de los intereses de las personas LGTBI, sino también “con las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS)”.
Por su parte, Unidas Podemos, junto a ERC, EH Bildu, Junts, BNG, PdeCAT, PNV, Más País, Compromis y Coalición Canaria han presentado una batería de enmiendas, de la mano del colectivo trans, para proponer que la documentación administrativa y los formularios incluyan a las personas “no binarias”, y para que se articulen “medidas que permitan omitir, a petición de la persona interesada, la mención relativa al sexo en sus documentos oficiales”.
Por otro lado, en otra de las enmiendas, los grupos plantean que la atención a las personas trans se incluya “en la cartera básica de servicios” del Sistema Nacional de Salud, “cubriéndose los distintos tratamientos necesarios relacionados con los procesos de transición”; y respecto a la inscripción del nacimiento de las personas intersexuales, plantean ampliar de uno a 10 años el plazo máximo durante el cual puede figurar en blanco la mención del sexo del menor.
Entre las enmiendas presentadas al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, no figura ninguna enmienda conjunta del PSOE y Unidas Podemos, pese a que es algo habitual en los proyectos de ley que remite el Gobierno al Congreso.
Por su parte, Ciudadanos propone en sus enmiendas que “en el supuesto de solicitudes por parte de personas menores de edad no emancipadas”, se deba informar de esta a sus representantes legales y se garantice, en todo caso, la madurez suficiente y que su voluntad es “meditada, firme y reiterada”. Además, añade que, cuando sea necesario el nombramiento de un defensor judicial, se informe al menor de las consecuencias y se estudie “de forma pormenorizada” su situación familiar.
Sobre este mismo artículo de la ley, Esquerra Republicana propone que en nombre de los menores de 12 años, la solicitud la puedan realizar sus representantes legales, debiendo ser oído el menor y acompañando la solicitud de “documentación que acredite haber obtenido con al menos un año de anterioridad, el reconocimiento de la identidad sexual por parte de alguna Administración Pública o el cambio de nombre en el Registro Civil por razón de identidad de género”. Igualmente, sugiere eliminar la exigencia de que el solicitante sea de nacionalidad española.
Mientras, el BNG va más allá del texto del proyecto de ley y sugiere en sus enmiendas que “toda persona de nacionalidad española o con residencia legal en el Estado español” pueda solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo, incluidos los menores de edad “con capacidad suficiente para comprender el alcance de la modificación”.
Por otro lado, entre las enmiendas registradas por Más País, destaca la que ha presentado con el objetivo de penalizar con penas de prisión de uno a cuatro años las denominadas terapias de conversión de la sexualidad.
Fuentes de Vox han informado a Europa Press de que no han presentado enmiendas al articulado del proyecto de ley porque enmiendan “a la totalidad” y muestran su “rechazo total a la ley”.