Acaba el juicio en el Supremo que puede enviar a la cárcel al fiscal

García Ortiz niega haber filtrado el correo y justifica el borrado de su móvil por seguridad: «No permito que permanezcan más de un mes contenidos en mi WhatsApp”

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comenzado su declaración ante el Tribunal Supremo negando de forma tajante haber filtrado el correo electrónico que dio origen a la causa por la presunta revelación de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “No filtré el correo”, afirmó al iniciar su intervención, advirtiendo además de que no respondería a las preguntas de las acusaciones por considerar que se ha producido «una actuación desleal”, no contra él, sino contra el tribunal. La acusación sostiene que García Ortiz permitió la difusión del correo con el fin de favorecer una versión pública determinada sobre la investigación al empresario Alberto González Amador por presunto fraude fiscal.

García Ortiz argumentó que el caso se construye sobre una omisión esencial: “El correo del 2 de febrero se mandó a otra persona de otra institución ajena a la Fiscalía y si eso se hubiera hecho constar en la querella, quizá no habríamos estado aquí”. También sostuvo que el mensaje del 12 de marzo fue entregado “a otra persona para hacer un uso político del mismo”. El fiscal general explicó que el perjudicado había renunciado a reclamar la responsabilidad subsidiaria del Estado, por lo que la acusación recaía únicamente sobre él de manera personal. Además, insistió en que nunca envió información fuera del ámbito de la Fiscalía.

Durante su declaración, García Ortiz explicó por qué decidió acogerse a su derecho a no contestar a las acusaciones particulares, en especial a la representación de González Amador. Expuso cuatro motivos: la omisión de que el correo se remitió también a la Abogacía del Estado; la utilización de un correo del fiscal Julián Salto por parte del entorno de Amador; la reunión de este con un periodista de El Mundo; y la renuncia a la responsabilidad civil subsidiaria. Todo ello, dijo, demuestra “una actuación desleal con el tribunal” y “falta de lealtad procesal en la búsqueda de la verdad”.

Gestión informativa

En relación con la gestión informativa en la Fiscalía Provincial, García Ortiz expresó que “le extrañó” la forma en que se manejó la información, destacando que no recibió notificación formal alguna y que “hay un problema de gestión de la información hasta tal punto que se proporciona a demanda a los medios”. Aclaró que su conocimiento sobre el caso era “somero”, y que solo fue informado de la denuncia inicial y del procedimiento en curso, sin haber dado ninguna instrucción ni orden directa.

El fiscal general también relató cómo se tomó la decisión de emitir un comunicado desde la Fiscalía General del Estado tras la publicación de una noticia en El Mundo sobre la supuesta conformidad de Amador con la Fiscalía. “Decidimos que hay que reaccionar, que hay que hacer una nota”, explicó. Según su versión, la intención fue contrarrestar una información “extravagante” que sugería un trato de favor hacia Amador y defender la credibilidad de la institución. Añadió que la fiscal Lastra se oponía a publicar la nota por temor a “hacer el ridículo”, pero él insistió en que era necesario actuar.

«La verdad no se filtra, la verdad se defiende»

Durante su testimonio, García Ortiz sintetizó su postura en una frase que calificó como su lema ante el proceso: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”. Rechazó haber tenido “animadversión” hacia Amador y aseguró que su “obsesión era defender la actuación de los fiscales”. Explicó también que usó su correo personal de Gmail por accesibilidad y negó haber borrado información con intención de ocultar pruebas, señalando que tras la publicación del atestado con sus datos personales recibió “mensajes amenazantes y feos, muy feos”.

Finalmente, el fiscal general abordó el tema del borrado de mensajes de WhatsApp: «Sistemáticamente no permito que permanezcan más de un mes contenidos en mi WhatsApp”. Aunque no pudo confirmar si se produjo un borrado puntual, aseguró que no existían mensajes relevantes para la causa y que entregó a la UCO todo su material y contraseñas. Justificó esta práctica como parte de sus protocolos de seguridad, al igual que su costumbre de cambiar de teléfono una vez al año para proteger “su intimidad digital y los datos de procesos que afectan a todo el país”.