La Fiscalía investiga el espionaje a varios senadores al acceder a sus ordenadores en la Cámara

El informe de la Secretaría General del Senado aclara que los accesos realizados por estos trabajadores se enmarcan dentro de sus funciones

La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias preprocesales tras conocerse que varios senadores podrían haber visto vulnerada su seguridad informática. Según fuentes fiscales y lo publicado por eldiario.es, el caso surge después de que el Senado investigara a dos trabajadores despedidos que habían accedido a ordenadores de distintos senadores.

El Senado llevó a cabo su propia investigación. Concluyó que los empleados accedieron a información digital “por motivos personales” relacionados con procesos internos de promoción laboral. Sin embargo, los extrabajadores aseguraron que no actuaron solos. Esto motivó que la Cámara Alta revisara si otras personas podrían haber hecho lo mismo.

El informe de la Secretaría General del Senado aclara que los accesos realizados por estos trabajadores se enmarcan dentro de sus funciones. Se trataba de tareas técnicas: corrección de incidencias, actualizaciones de software y mantenimiento de sistemas. Por ello, según el documento, no hubo hackeo, espionaje ni robo de información.

Además, se remarca que nadie accedió a los dispositivos personales de los senadores, como iPhones o iPads, ni se utilizaron sus claves. Los permisos de los informáticos estaban limitados a cuentas administrativas necesarias para el trabajo, y las claves de los senadores permanecen encriptadas y fuera del alcance del personal técnico.

Lo que sí se ha confirmado

Aunque no hubo acceso a los ordenadores de los senadores, sí se constató que los trabajadores despedidos entraron de forma ilícita a portafirmas digitales de varios funcionarios de la Secretaría General. Allí descargaron documentos relacionados con procesos internos de promoción profesional.

Cuando se detectaron estos hechos, el Senado cortó de inmediato los accesos de estas personas a los portafirmas. La Cámara insiste en que en ningún momento se vulneraron los sistemas de los senadores. Tampoco se produjo un espionaje masivo ni infiltración en la identidad digital de los legisladores.

El caso ahora está bajo la lupa de la Fiscalía, que deberá determinar si existieron delitos informáticos o si, por el contrario, las irregularidades se limitaron a los accesos detectados. Mientras tanto, el Senado asegura que los protocolos de seguridad digital siguen vigentes y que los sistemas continúan protegidos.

La investigación pone de relieve la importancia de controlar estrictamente los accesos a información sensible en instituciones públicas. También evidencia cómo el uso indebido de permisos administrativos, aunque sea por pocos empleados, puede generar alarma y dudas sobre la protección de datos en órganos de gobierno.