El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y a su asistenta tras sus declaraciones en septiembre

El magistrado estudia encausar también a Francisco Martín Aguirre, exjefe de gabinete técnico del entonces secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños

En base a la “autoría intelectual” de la sección 23 de la Audiencia de Madrid sobre  el exceso en el desempeño de funciones de la asistenta en favor de intereses presuntamente privados de la esposa del presidente del Gobierno, el instructor enfila a la recta final del auto de transformación de las diligencias también para Francisco Martín Aguirre, exjefe de gabinete técnico del entonces secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños. actual ministro de Justicia. 

El próximo 16 de octubre de 2025 se vencen los seis meses de la primera prórroga de la instrucción del caso de Begoña Gómez – desde el 16 de abril de 2025- por parte del juez de instrucción Juan Carlos Peinado, quien, según fuentes judiciales consultadas, prepara una nueva prolongación de las diligencias por otros seis meses hasta mayo de 2026.

Fracasado su intento de que  la Sala Segunda del Tribunal Supremo abriese causa por delitos de falso testimonio y malversación contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el juez, según esas fuentes, se encuentra en la recta final para acometer la segunda decisión de importancia: procesar (transformar las diligencias previas actuales en procedimiento abreviado) a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez por delito de malversación.

De ahí la urgencia de dictar en plenas vacaciones judiciales un auto el lunes, 18 de agosto https://www.elperiodico.com/es/politica/20250819/juez-peinado-rocambolesca-persecucion-cristina-alvarez-begona-120766935, en el que imputa a ambas, en sentido contrario a lo que había resuelto en un auto del 5 de mayo, delitos de malversación.

“El impacto de la resolución adoptada por la sección 23 de la Audiencia de Madrid el 12 de junio ha sido fulminante sobre el juez Peinado”, señaló la fuente consultada.

Información complementaria

Ello se pudo advertir en el hecho de que Peinado, que había presentado una exposición razonada dirigida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que imputara a Bolaños, al conocer esa resolución del 12 de junio rápidamente la añadió como información complementaria a su solicitud, en la convicción de que reforzaría sus argumentos. “O que los perfeccionaría” matizó la fuente.

En su auto de esta semana, lunes 18 de agosto, el juez cita como principal hecho para procesar a la esposa del presidente y a su asistenta el auto del 12 de junio. Sin embargo, han pasado más de dos meses desde la resolución de la Audiencia de Madrid. 

Es posible que Peinado quisiera dejar pasar tiempo tras el varapalo que supuso la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 15 de julio en la que se decidió que su petición de actuar contra Bolaños carecía del “más mínimo respaldo indiciario” y que no se apreciaba una imputación “suficientemente individualizada”. Tampoco consideraron los magistrados que el auto de la sección 23 mejoraba sus argumentos.

“La ’addenda  presentada por el magistrado instructor adjuntando un auto dictado  por  la  sección  23  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid,  como señala  el  Ministerio  Fiscal,  sigue  sinaportar  indicios  que  relacionen  al  aforado con la comisión del delito de malversación de caudales públicos”, culminaba la resolución de la Sala Segunda del Supremo.

El juez Peinado, pues, vuelve a ese auto al explicar el pasado lunes por qué razón ha imputado a Gómez y a Álvarez.

Y hay que decir que no exagera la importancia de dicha resolución. 

La misma fue acordada por  María de del Rosario Esteban Meilán, José Sierra Fernández y Enrique Jesús Bergés de Ramón (ponente). Peinado cita una parte de dicha resolución.

 “En concreto, respecto de la investigada Cristina Álvarez, ¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar? La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada [Begoña Gómez] en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados.”

Y profundiza: “Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno, la medida consistente en conocer el registro de llamadas entrantes y salientes y los concretos destinatarios resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas, que son necesarias a la hora de poder valorar la intervención sirviendo de ejemplo la declaración del vicerector Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez, añadiendo que esta última era la persona de confianza ya que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella receptora de los correos. O la constatación de un email dirigido a la Directora de Comunicación institucional de REALE Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del Máster [que codirigia Begoña Gómez], lo que parece exceder claramente de sus funciones….”.

Enfatizan los magistrados que “ello podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y lo que es más importante ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno”.

Peinado no cita todas las consideraciones de la sección 23. Porque también sostienen que desde la citada estructura de poder “podría permitir inferir la solidaridad con la actuación de la principal investigada [Begoña Gómez], al tiempo que refuerza frente a terceros el carácter prevalente de la conducta de la principal investigada [Begoña Gómez], apuntalando el áurea de indudable influencia que como esposa del Presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de la Moncloa podía tener toda su actividad privada”.

Peinado, según las fuentes consultadas, se orienta a plasmar esa línea investigativa que señalan los magistrados en el auto del 12 de junio. Sabe que de las declaraciones del 10 y 11 de septiembre nada nuevo saldrá. Pero cumplirá la formalidad.

No deja de ser sugerente que en esta recta final, Peinado pisa fuerte.

Al punto que en el auto del 18 de agosto ha insinuado que el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se investiga alguna de sus actuaciones, en referencia a cómo se desenvolvió el 16 de abril pasado en el Palacio de la Moncloa.

El juez ha deseado que la judicatura conozca el pulso que sigue con el ministro de Justicia, porque, en efecto, ha sido Bolaños quien presentó dos denuncias contra él.