El Supremo quiere que las partes personadas contra el fiscal general se pronuncien sobre su suspensión

La petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se basa en la necesidad de preservar la imparcialidad y evitar conflictos de interés en el proceso judicial

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una causa relacionada con la presunta filtración de información sobre una investigación por delitos fiscales. Tras esta resolución, el magistrado instructor Ángel Hurtado ha abierto un plazo de tres días para que las partes personadas, incluida la Fiscalía, puedan pronunciarse respecto a la solicitud de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para suspender provisionalmente a García Ortiz.

Suspensión provisional

La petición de la APIF, presentada después de que la Sala de Apelación ratificara el procesamiento, se basa en la necesidad de preservar la imparcialidad y evitar conflictos de interés en el proceso judicial. Según la asociación, mantener a García Ortiz en el cargo mientras se desarrolla el juicio podría generar una situación inédita, dado que el fiscal general sería el superior jerárquico del fiscal encargado de la causa, lo que podría comprometer la independencia de la actuación judicial.

Por otra parte, el instructor ha decidido levantar la suspensión de la tramitación de la causa, que había impuesto el pasado 14 de junio, reactivando así el procedimiento penal una vez resueltos los recursos presentados contra el auto de procesamiento, tanto del fiscal general como de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Esta última, sin embargo, ha sido exonerada tras considerarse que no existen indicios suficientes en su contra.

Rechazo a diligencias

El Tribunal Supremo ha rechazado varias de ellas, entre ellas la petición para que la Guardia Civil realizará un análisis de los teléfonos del fiscal general, a fin de determinar la existencia de comunicaciones con determinados cargos políticos y periodistas. La Sala argumenta que, dado que el investigado borró los mensajes, los datos telefónicos no resultan fiables ni útiles para la causa.

Asimismo, el TS ha desestimado la solicitud para requerir ciertos expedientes relacionados con la investigación fiscal, señalando que el procedimiento no versa sobre prevaricación sino sobre la revelación o custodia indebida de datos, y considera que dichas diligencias resultan superfluas para el esclarecimiento de los hechos.

Con este avance, el Tribunal Supremo marca un hito en un proceso judicial de alto impacto institucional, que pone a prueba la autonomía y transparencia del Ministerio Fiscal. La decisión final sobre la suspensión provisional de García Ortiz queda ahora en manos de las partes, que deberán presentar sus alegaciones en el corto plazo establecido por el magistrado.