El novio de Ayuso defiende ante la juez que sus negocios con Quirón Prevención son legales

El empresario niega que hubiera ocultación de contratos o irregularidades con la empresa Círculo de Belleza, adquirida por 500.000 euros

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, compareció este jueves ante la jueza Inmaculada Iglesias para aclarar su implicación en la pieza separada que investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Con “total transparencia”, según fuentes jurídicas consultadas por EP, el empresario presentó documentación para justificar los ingresos recibidos de Quirón Prevención y negó haber usado una sociedad instrumental para evadir impuestos.

Durante más de dos horas y media de declaración, González Amador explicó con detalle la procedencia de los fondos y defendió su legalidad. Se trata de su primera comparecencia en esta línea de investigación, que se desprende del caso principal abierto por un supuesto fraude fiscal. Esta nueva pieza fue reactivada tras el recurso impulsado por el PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular.

El empresario negó rotundamente que hubiera ocultación de contratos o irregularidades con la empresa Círculo de Belleza, adquirida por 500.000 euros a la esposa de un directivo de Quirón. En su declaración, subrayó: “La inspección fiscal de Hacienda jamás pidió los contratos de distribución” relacionados con esa operación.

González Amador solo respondió a las preguntas de la jueza, sus letrados y el fiscal, negándose a contestar a las acusaciones populares. Su defensa pidió, además, que se excluyera del proceso judicial a PSOE y Más Madrid, quienes promovieron la reapertura de esta línea de investigación al considerar que podía haber nuevos delitos.

Delitos fiscales

Cabe recordar que el pasado 24 de febrero, González Amador compareció como investigado en la causa principal por delitos fiscales, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar hasta que se resolviera el recurso vinculado a la pieza separada. Ahora, el tribunal considera que es el momento procesal adecuado para esclarecer si los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal.

La jueza Iglesias decidió en octubre abrir una nueva investigación centrada en el uso de una supuesta sociedad instrumental para ocultar ingresos del Grupo Quirón que no habrían sido declarados por la empresa Maxwell Cremona, propiedad de González Amador.

Nuevos delitos

La pieza separada se centra en el papel de la empresa Masterman S.L., que recibió una cesión parcial del contrato entre Maxwell y Quirón. Según la acusación popular, esta cesión podría haber encubierto una operación de corrupción o administración desleal, especialmente considerando que Masterman estaba controlada por la esposa del presidente de Quirón Prevención.

Además, los acusadores argumentan que el pago de casi 500.000 euros por Masterman podría haber sido una contraprestación por contratos adjudicados o por operaciones de intermediación con empresas proveedoras de productos sanitarios. En total, Maxwell Cremona habría facturado más de dos millones de euros en 2020 por estas transacciones. La investigación continúa.