Esteban Ibarra: «Hay miembros del Gobierno a los que les molesta Movimiento contra la Intolerancia: han cancelado 5 de nuestros 8 programas»

Si hubiera que definir de forma precisa quién es Esteban Ibarra, presidente de la ONG Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, no podría haber otra forma que repetir palabra por palabra el famoso poema de Bertold Bretch: «Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles».

Ibarra es un «imprescindible». Si no hubiera existido muchas cosas, con seguridad, no habrían sucedido, como la inclusión de los delitos de odio en el actual Código Penal, llamado «de la democracia» porque fue aprobado en 1995, cuando ocupaba la cartera de Justicia y de interior el magistrado Juan Alberto Belloch. Una tipificación que fue ampliada en 2015.

Movimiento contra la Intolerancia nació en 1991 para combatir el racismo, la violencia xenófoba, los extremismos y la intolerancia en la sociedad. Se define como un movimiento plural, autónomo, abierto y participativo. Y rabiosamente independiente. Esta ONG no se casa con nadie. Le dice las «verdades del barquero» a unos y a otros. Y eso molesta, y tiene consecuencias negativas.

En esta entrevista, Esteban Ibarra, conciencia de un país que apostó por los derechos humanos desde que abrazó la democracia con la Constitución de 1978, cuenta cómo un Gobierno como el actual, que se define progresista, le ha recortado los presupuestos de forma drástica. Lo que ha provocado el cierre de 5 de los 8 programas que venían realizando.

Uno de ellos el muchas veces celebrado Informe Raxen, donde se recopilaban todos los datos sobre delitos de odio. Datos que se publicaban trimestralmente y luego de forma anual.

Ustedes, señor Ibarra, son un referente de autoridad en España. La ONG que preside ha contribuido de forma decisiva a lo que hoy es la España democrática. ¿Qué ha pasado para que el Gobierno les haya castigado de esta forma, cortándoles la financiación para seguir elaborando el Informe Raxen?

No lo sé. Son 25 años haciendo el Informe Raxen. Teníamos asignados 60.000 euros. No es una cantidad importante. Yo creo que esto es un desprecio por parte del Gobierno. Un desprecio al trabajo de la iniciativa ciudadana, porque esto no lo hace el Estado.

Es el único informe de monitorización de delitos de odio. Porque una cosa es el informe del Ministerio del Interior, que se limita a ofrecer una estadística, y otra muy distinta es la monitorización.

La monitorización implica conocer todos los detalles: qué ha sucedido, qué se ha hecho, quién posiblemente lo ha cometido, dónde ocurrió y cuándo tuvo lugar.

Esta serie de factores permite establecer una política preventiva. Sin una política preventiva, no avanzamos en ninguna dirección.

Es más, la monitorización también posibilita una política de intervención criminal, porque permite identificar patrones en la comisión de delitos.

Si detectas que en una ciudad o en un lugar determinado los hechos se reiteran, podrías identificar la existencia de un grupo o una estructura organizada que actúa de manera recurrente. En otras palabras, un grupo de odio, un grupo criminal, sea del signo que sea.

¿De qué Ministerio dependía la financiación del informe Raxen, señor Ibarra?

Del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

*Por su interés, reproducimos este artículo de Confilegal.