La mayoría del Consejo Fiscal exige a García Ortiz que abandone el cargo

El fiscal general solo ha conseguido el apoyo de los dos vocales de la UPF y las dos vocales natas

Que se vaya por el bien de la institución. La mayoría del Consejo Fiscal ha solicitado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que abandone el cargo al considerar que es lo mejor para el Ministerio Público después de que el Tribunal Supremo (TS) acordara por unanimidad abrir causa en su contra por la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Según precisan fuentes fiscales a Europa Press, tanto los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) como el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -que conforman la mayoría del Consejo Fiscal- han pedido a García Ortiz que dimita, tal y como hicieron el mismo día que resolvió el Supremo a través de sendos comunicados.

En cambio, García Ortiz ha recibido el apoyo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas -la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite-.

Las fuentes consultadas recalcan que -a diferencia del cónclave de la Junta de Fiscales de Sala de la mañana- en el Consejo Fiscal de esta tarde han tomado la palabra todos sus miembros. Durante dos horas, todos han expuesto sus posturas en un tono afable; y, si bien ha habido diferencia de criterios, han coincidido en que se trata de una situación inédita que afecta a toda la carrera fiscal. “No ha habido bronca”, apuntan.

Impacto inasumible

En un comunicado difundido al término de la reunión, los vocales de la AF relatan que durante el encuentro García Ortiz les ha reiterado su decisión de no dimitir, reivindicando que “su actuación se enmarcó en el deber de informar de los asuntos relevantes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, de manera que, ponderando las circunstancias, ha estimado que lo menos gravoso y más prudente es su propia continuidad en el cargo”.

En su turno de palabra, los vocales de la AF le han trasladado su parecer, que aseguran es “compartido por la inmensa mayoría de los fiscales”. Así, partiendo del “más absoluto respeto tanto a las resoluciones judiciales como a la presunción de inocencia”, han centrado su análisis en si “lo menos gravoso para el Ministerio Fiscal español es que el fiscal general del Estado se encuentre investigado en un procedimiento judicial”.

“Y, ante ello, sólo cabe entender que el perjuicio que se deriva para la institución al mantener este escenario supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión, empezando por la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso”, concluyen.

Credibilidad en entredicho

Para la AF, “la decisión del fiscal general de continuar en el cargo pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación”.

“Y nos resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo”, anudan.

Por tanto, defienden que “no puede haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la institución, de la que pretende seguir ostentando la jefatura superior y representación pese a su condición de investigado”.

Así las cosas, los seis le han pedido que “reconsidere su decisión de mantenerse en el cargo y, por el bien de la institución, y con arreglo al artículo 31.1.a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), presente su dimisión”.

Según las fuentes consultadas, el vocal de la APIF ha sido más directo y ha solicitado a García Ortiz que dimita porque, a su juicio, se “defenderá mejor” de las acusaciones estando separado del cargo. También ha recalcado que su continuidad como fiscal general deriva en un “daño” a la carrera fiscal.

UPF ofrece su apoyo

Por su parte, los vocales de la UPF han emitido un comunicado donde expresan su “firme respaldo a la decisión del fiscal general del Estado de no presentar su dimisión”. “Razones de índole moral, institucional y el propio contenido de la resolución judicial sustentan este apoyo”, explican.

A su juicio, “la única razón por la que se elevó la exposición razonada al Tribunal Supremo ha quedado libre de toda duda”. En este sentido, indican que si “la nota aclaratoria de la Fiscalía General del Estado no reveló secreto alguno porque estaba ya todo publicado, no existe, pues, viso alguno delictivo”. “¿Qué lleva, pues, a seguir solicitando su dimisión después de conocerse esta realidad?”, plantean.

Arrancan contestando que, “desde luego, no son razones de índole moral” porque “el primer cometido de un jefe es defender a sus subordinados cuando han actuado sin tacha, y esto fue lo que ocurrió”.

“Había un fiscal de los que llamamos ‘de trinchera’ en el punto de mira, y tanto la fiscal jefe de Madrid como el FGE lo respaldaron con tal firmeza que hoy está libre de toda investigación. Qué fácil habría sido abandonarlo a su suerte. Nuestra admiración a ambos por su iniciativa”, destacan.

Razones de naturaleza institucional

Señalan que “tampoco son razones de naturaleza institucional, a diferencia de lo que pretende argumentarse”, y argumentan que si el fiscal general dimitiera “por una nota conforme a Derecho, y a partir de una filtración de origen completamente desconocido, sería un acto de irresponsabilidad que contribuiría al debilitamiento de los cimientos de esta institución”.

“No podemos estar a merced de cualquiera que quiera denunciarnos con el fin de apartarnos de nuestra función. En esa tesitura podemos estar todos y cada uno de los fiscales que conforman esta institución, y filtraciones interesadas -que son deleznables y deben ser investigadas- hay a diario. No podemos permitirlo, porque se estaría conculcando con ello el Estado Derecho”, aducen.

Así las cosas, manifiestan su “profunda tristeza” por “la falta de cohesión interna en esta cuestión”, así como su “indignación” por “el ocultamiento que todo este ruido genera de su actuación diaria”, que subrayan “que no es otra que trabajar con esfuerzo desde la verdad, la justicia y la decencia moral”.

“Todos y cada uno de nosotros, desde el último fiscal de la carrera -que espera ser respaldado en su ejercicio, no lo olvidemos- hasta el fiscal general del Estado. Querer desbancarlo a él por un motivo tan espurio es querer desbancarnos al resto”, zanjan.