Una jueza admite la querella de Hazte Oír contra Sofía Puente por la instrucción que amplió la ‘ley de nietos’

21 de octubre de 2026
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Sofía Puente Santiago | Redes sociales

La magistrada abre diligencias para investigar un presunto delito de prevaricación por la instrucción que presumía el exilio de los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955, pese a la oposición de la Fiscalía

La jueza Inmaculada Lova, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, ha admitido a trámite la querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente, secretaria general para la Innovación del Ministerio de Justicia, por un presunto delito de prevaricación relacionado con la ley de nietos.

La denuncia se centra en una instrucción firmada en octubre de 2022, cuando Puente era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El documento presumía la condición de exiliados de los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, facilitando el acceso a la nacionalidad española.

La asociación sostiene que esta interpretación modificó los requisitos establecidos por la ley, que contemplaba la acreditación del exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con la orientación e identidad sexual. También argumenta que la medida podría afectar al censo electoral de residentes ausentes y al ejercicio del derecho al voto.

Oposición de la Fiscalía

La decisión judicial se ha producido pese a la oposición de la Fiscalía, que consideraba que los hechos ya habían sido examinados en procedimientos anteriores, archivados en 2024. Desde el Ministerio de Justicia han criticado la reapertura del asunto y han acusado a asociaciones de ultraderecha de utilizar las instituciones para perseguir a cargos públicos. Por ahora, Puente no consta como investigada en este procedimiento.

La jueza ha solicitado información a otros dos juzgados madrileños que tramitaron diligencias por hechos similares. Paralelamente, el Tribunal Supremo mantiene abierto otro procedimiento sobre la instrucción y ha acordado suspender cautelarmente el derecho al voto de determinados españoles nacionalizados al amparo de la ley de nietos, así como algunas inscripciones en el censo electoral.

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