El “posible genocidio” en marcha en Gaza implica a Israel y a quienes son sus cómplices mediante la venta de armas

El Gobierno de Pedro Sánchez dejó de autorizar a partir del 7 de octubre de 2023 la venta de armas a Israel, pero España sigue exportando lo comprometido con anterioridad y mantiene las compras y adjudicaciones a empresas israelíes

La presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, la conservadora Alicia Kearns, según un audio difundido por el periódico The Observer el pasado domingo, advirtió: “El Foreign Office (Ministerio de Asuntos Exteriores) ha recibido asesoramiento legal oficial de que Israel ha violado el derecho humanitario internacional pero el Gobierno (del primer ministro conservador Rishi Sunak) no lo ha anunciado. No lo ha dicho, no han parado las exportaciones de armas”. La parlamentaria aclaró al diario: “Estoy convencida de que el gobierno ha completado su asesoramiento sobre si Israel está cumpliendo su compromiso con el derecho internacional humanitario y ha concluido que Israel no lo hace. Transparencia en este punto es fundamental para sostener las reglas del orden internacional”.

En Madrid, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló este martes a preguntas de este diario sobre las exportaciones de armas a Israel señaló: “Nos mantenemos en el comunicado que publicamos en febrero pasado”. En dicha comunicación “sobre la venta de armamento a Israel”, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación “informa de que desde el 7 de octubre de 2023 no se ha autorizado ninguna operación de venta de armamento a Israel”. 

Este diario también preguntó tanto a la citada portavoz como al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, si existía algún dictamen o informe posterior al 26 de enero de 2024, fecha en la cual el Tribunal Internacional de Justicia (TJI), el tribunal de Naciones Unidas en la Haya declaró ante la demanda de Sudáfrica contra Israel la existencia de “posible genocidio en Gaza”, sobre sus posibles consecuencias para países firmantes de la Convención contra el Genocidio, entre ellos España, y que han mantenido un fluido comercio de armas con Israel.

La respuesta está pendiente.

Embargo, la palabra maldita

El gobierno español, a través del ministro de Exteriores, José Luis Albares, nunca pronunciado la palabra embargo. Pero cuando se le ha preguntado directamente por un embargo, ha contestado que en el caso de España ya era una realidad.

El 22 de enero de 2024, los ministros de Exteriores de la Unión Europea, reunidos Bruselas, cónclave al que se unió el ministro de Asuntos de Exteriores de Israel, analizaron la posibilidad de un embargo. Fue lo que explicó Albares a la periodista Ángels Barceló en la Cadena Ser, al preguntarle el 23 de enero por qué no se impulsa un embargo total de armas a Israel.

“Es una cosa que se planteó ayer y desde luego es algo que España ha realizado desde el día 7 de octubre. Desde el mismo de 7 de octubre no se produce ninguna operación de venta de armamento a Israel. Y desde luego nosotros impulsamos todas las medidas que lleven a una desescalada y a un cese de la violencia”.

Aunque, como se ha apuntado, de los labios de Albares no sale la palabra “embargo” en su respuesta a ha dado a entender que así ha sido. Pero no existe tal embargo entendido como una resolución gubernamental apoyada por un dictamen legal sea de la Abogacía General del Estado -como así parece en el Reino Unido- o de la Asesoría Jurídica Internacional (AJI) del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si ese dictamen existe, todavía no se ha dado a la publicidad.

Lo más probable, según fuentes familiarizadas con el comercio de armas, es que el Gobierno se haya dirigido a la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) con la orden de no formalizar nuevos contratos

“Lo que ha hecho el Gobierno es dejar de autorizar nuevas exportaciones de armas. Es decir: pueden producirse exportaciones acordadas o comprometidas en contratos firmados antes del 7 de octubre de 2023. El tiempo que transcurre entre una autorización y una materialización de la exportación puede ser muy largo. Si es exportar algo que ya está producido, el tiempo es corto; si es algo que se tiene que fabricar, pueden ser muchos meses”, señala a El Periódico de Catalunya Alejandro Pozo Marín, investigador de la industria y comercio de armamentos en el Centre Delàs D´Éstudis per la Pau.

Un embargo o prohibición de vender armas a Israel supone, además, establecer un sistema de control y una tabla de sanciones en el caso de incumplimiento por parte de las empresas.

Hay otro punto en el que, empero, no ha variado la conducta del Gobierno español. Al tiempo que hasta nueva orden no se puede autorizar ventas de armas, en cambio no existe cambio alguno desde el 7 de octubre en materia de importaciones de armas procedentes de Israel para las Fuerzas Armadas españolas, las cuales ha desarrollado una gran dependencia de la tecnología israelí.

Alejandro Pozo puntualiza: “Lo que no ha experimentado cambio es contratar por parte de las Fuerzas Armadas españolas con empresas israelíes, España continúa autorizando importaciones de material israelí que viene a España, lo que no es especialmente relevante porque buena parte del armamento israelí que se utiliza en España se produce en España e incluso por empresas españolas que cuentan con contratos de transferencia de tecnología. De todas las opciones que existen cuando hablamos de comercio de armas -exportaciones e importaciones, compras, adquisiciones y ventas- España ha dicho que no va a hacer es autorizar nuevas exportaciones”.

Algunas de las empresas con las cuales se han continuado haciendo negocios son gigantes en el mercado mundial de armamentos. Una de ella es Elbit Systems.

“Hay varios contratos posteriores con Elbit desde el 7 de octubre. Se van a continuar porque existe una dependencia del producto adquirido en el pasado cuando ya se sabía que era una empresa cuyos armamentos se usaban en los territorios ocupados. El gobierno noruego, por ejemplo, no deja, que Elbit pueda participar en un fondo estatal de pensiones habida cuenta de su comportamiento en los territorios ocupados y en los asentamientos. España ha adquirido productos de Elbit y quien puede actualizar esos productos es la misma empresa. Es el motivo que se aduce para seguir firmando operaciones: no existe competencia. Y Elbit saca pecho al hacer su propia oferta de armamentos cuando afirma que su producto no es de laboratorio sino que ha sido probado en la vida real. Es decir: en la Franja de Gaza”, explica el investigador Pozo.

La declaración del TIJ de La Haya del 26 de enero pasado sobre “posible genocidio” y las medidas cautelares adicionales anunciadas la semana pasada https://www.elperiodico.com/es/internacional/20240329/el-tribunal-de-la-haya-afirma-que-el-posible-genocidio-en-gaza-se-agrava-tras-su-orden-a-israel-de-frenar-sus-acciones-por-ernesto-ekaizer-100413883 plantean ahora una nueva deriva: la posible complicidad de países que se han comprometido no solo a no cometer lo que se llama en derecho como “el crimen de todos los crímenes -el genocidio- sino a no ser cómplices en su ejecución. Porque la prohibición del genocidio, la complicidad en el genocidio y el deber de prevenir el genocidio son normas imperativas del derecho internacional consuetudinario (ius cogens) que no pueden saltarse.

El Tratado de Comercio de Armas

Con todo, no se trata solo del delito de genocidio. El Tratado sobre Comercio de Armas de Naciones Unidas (ATT) que es ley interna en España, habría impedido, a la luz de la conducta de Israel en Gaza antes del 7 de octubre de 2023 mantener la compraventa de armas y los negocios con empresas israelíes, según recuerda Pozo.

Sucede que el artículo 6 punto 3 no puede decirlo más claro:

“Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales…si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.

“Si no aplicas lo que dice el ATT en el caso de Israel en un momento como este ¿a quién se lo vas a aplicar?”, se pregunta Alejandro Pozo.

La Administración Biden estudia estos días un nuevo gran contrato con Israel para la entrega de aviones de combate F 15, misiles aire-aire y sistema de guía. Italia y Canadá, que habían anunciado el bloqueo .de sus exportaciones de armas a Israel, siguen “honrando”, como España, contratos anteriores al 7 de octubre.

La Unión Europea, por su parte, con Alemania como principal proveedor de armas a Israel, después de EE.UU, no es capaz de tomarse en serio el “posible genocidio” y declarar el embargo cuando las víctimas en Gaza llegan a  33.000 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños.