Entra en vigor la Ley de Servicios Digitales para todas las plataformas

Digital Services Act busca crear un espacio seguro para proteger los derechos fundamentales de los usuarios

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha recordado la entrada en vigor este sábado de la Ley de Servicios Digitales para todas las plataformas y entidades digitales, según ha anunciado en un comunicado este viernes.

Por ello, la CECU pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que garanticen la aplicación efectiva de esta ley, haciendo hincapié en la protección de los usuarios frente al contenido ilegal, los «productos inseguros» y el abuso de datos personales en Internet.

Hasta ahora, la ley solo aplicaba a 22 grandes plataformas y motores de búsqueda, pero a partir de hoy aplicará a todas las demás entidades de servicios digitales, incluyendo ciertos mercados en línea, servicios de redes sociales, plataformas de viajes y alojamiento en línea, y otras plataformas de intercambio de contenido (generado por el usuario).

Así, la ley, llamada Digital Services Act (DSA), busca crear un espacio digital «más seguro» para proteger los derechos fundamentales de los usuarios de servicios digitales, y para ello requiere la ayuda de las propias plataformas para abordar el contenido ilegal en Internet.

La DSA establece obligaciones adicionales «de transparencia y de diligencia», como es la presentación de la publicidad de manera tal que los usuarios sepan qué se trata de anuncio y quién está detrás del mismo, o la protección de los menores en línea para que no puedan ser expuestos a anuncios personalizados, entre otros requisitos.

La CNMC podrá sancionar a los prestadores establecidos en España

Para asegurarse del cumplimiento de esta normativa, la Comisión Europea ya ha requerido a las 22 grandes plataformas afectadas a enviar varios pedidos de información para que informen sobre sus medidas de cumplimiento.

Además, ha creado una Base de Datos de Transparencia donde las plataformas deben justificar sus decisiones de contenido, junto con una base de datos de términos y condiciones para que los usuarios puedan acceder a los contratos de los servicios digitales de forma «clara».

En España la CNMC será la principal autoridad supervisora, encargada de la supervisión, investigación y sanción de los prestadores establecidos en el país.

Asimismo, certificará a los trusted flaggers o alertadores fiables, que son aquellas entidades que notifican sobre contenidos ilícitos, y a los órganos extrajudiciales de resolución de litigios.

Por su parte, la AEPD será la autoridad competente en materia de supervisión del cumplimiento de la normativa de protección de datos, con plena cooperación con la CNMC.

«La DSA es un paso en la buena dirección, pero aún persisten dudas sobre cómo las plataformas aplicarán todas estas nuevas obligaciones», ha subrayado la experta en derechos digitales de CECU, Anabel Arias, que también ha destacado el alcance de la normativa, que quizá afectará a la inteligencia artifical como ChatGPT o Bard (Google).