La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado una de las mayores tramas de fraude fiscal detectadas en los últimos años en España. Bajo el nombre de operación «Backmobile», las autoridades han detenido a 15 personas e intervenido 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 75 vehículos y 35.500 dólares en criptomonedas, en un caso de evasión de IVA que supera los 20 millones de euros.
La organización, activa desde 2019, operaba a través de una compleja red de más de 20 sociedades mercantiles, muchas de ellas camufladas como tiendas legales de telefonía móvil, con el único objetivo de esquivar el pago del IVA en la comercialización de dispositivos electrónicos. El fraude, cuidadosamente diseñado, incluía ventas encadenadas, envíos simulados con cajas llenas de madera o agua, y reventas ficticias para encubrir el rastro del producto y encajar en regímenes fiscales ventajosos.
Gracias a su operativa, la red vendía teléfonos móviles a precios considerablemente inferiores al mercado legal, lo que les permitió acaparar una gran cuota comercial y generar una gran cantidad de beneficios. Parte de estas ganancias eran reinvertidas en bienes inmuebles: hasta 146 propiedades han sido bloqueadas por orden judicial, así como más de 280 cuentas bancarias utilizadas para canalizar los fondos ilícitos.
Además, los dispositivos eran comercializados como «reacondicionados» para acogerse indebidamente al Régimen Especial de Bienes Usados (REBU) y evitar aún más carga fiscal, tanto en territorio nacional como en otros países europeos a través de plataformas de comercio electrónico.
El golpe final a la organización se produjo a finales de mayo, en una macrooperación coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga, con 23 registros simultáneos en empresas y domicilios de seis provincias: Málaga, Valencia, Madrid, Sevilla, Cádiz y Barcelona.
En total, cinco personas fueron detenidas en Málaga, otras cinco en Valencia, dos en Madrid y una en cada una de las otras tres provincias. Las actuaciones han estado dirigidas por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con funcionarios de la Agencia Tributaria en Andalucía.
Uno de los aspectos más sorprendentes del caso fue la estrategia utilizada para falsear los envíos. En muchas ocasiones, las cajas de paquetería supuestamente repletas de teléfonos móviles llevaban en su interior madera o botellas de agua, seleccionadas para replicar el peso declarado en las facturas. De esta forma, se simulaba un flujo comercial inexistente, se justificaban ingresos ante Hacienda y se dificultaba el rastreo de la mercancía real.