La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha elevado la presión sobre el PSOE para cerrar el nuevo decreto de vivienda que el Gobierno prevé aprobar este martes. La dirigente de Sumar ha advertido de que su formación no dará por bueno el texto si no incorpora una batería de medidas para reforzar la protección de los inquilinos.
Díaz ha reclamado que la norma incluya «sí o sí» la prórroga de los contratos de alquiler, medidas de protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y medidas contra el fraude vinculado a los pisos turísticos.
La vicepresidenta ha trasladado estas exigencias a través de una publicación en Bluesky, donde ha advertido de que Sumar no aceptará un decreto que, a su juicio, no responda a la situación que atraviesa el mercado de la vivienda.
La presión de Sumar se produce mientras el Gobierno ultima el texto que pretende llevar al Consejo de Ministros del martes. El Ministerio de Vivienda ha confirmado que trabaja para presentar una norma con medidas urgentes destinadas a reforzar la protección del derecho a la vivienda, entre ellas la protección frente a los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler.
Díaz no ha sido la única integrante de Sumar que ha elevado el tono en las últimas horas. La ministra de Sanidad, Mónica García, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, también han reclamado que el decreto llegue al Consejo de Ministros con medidas suficientes para hacer frente a la situación habitacional.
García ha advertido de que todavía queda trabajo por hacer antes de que el texto pueda considerarse cerrado y ha reclamado al PSOE que no siga retrasando su aprobación. Este domingo volvió a exigir que el decreto se lleve al Consejo de Ministros y que incorpore «los máximos» para proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.
Rego, por su parte, ha defendido que no deben diluirse las medidas reclamadas y ha cuestionado que el Gobierno pueda conformarse con una respuesta limitada ante la situación actual de la vivienda.
El conflicto dentro de la coalición se ha intensificado después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda en la que había residido durante décadas en el distrito madrileño de Retiro. El caso ha servido de nuevo punto de presión para Sumar, que reclama al PSOE acelerar la aprobación del decreto.
El Gobierno afronta además el nuevo decreto después de que el Congreso rechazara en abril una anterior norma impulsada por Sumar. Aquel texto contemplaba, entre otras medidas, la prórroga de determinados contratos de alquiler y un límite del 2% a las actualizaciones de las rentas.
Ahora el Ejecutivo intenta recuperar parte de esas medidas en una nueva norma y conseguir posteriormente los apoyos parlamentarios necesarios para su convalidación.
Entre las cuestiones que Sumar quiere incorporar se encuentran también los distintos usos temporales de la vivienda. La formación reclama que el decreto actúe sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, además de abordar el uso turístico de los inmuebles.
La negociación se desarrolla mientras el Gobierno busca cerrar el contenido definitivo de la norma y, al mismo tiempo, reunir los apoyos parlamentarios que permitan sacarla adelante en el Congreso.