Vox ha anunciado que prepara una batería de unas quince iniciativas en el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo y las cámaras autonómicas contra la ley de nietos. Según ha explicado el portavoz nacional, José Antonio Fúster, la formación denuncia que esta normativa «abre la puerta a concesiones masivas de nacionalidad, altera el valor de ser español y puede y quiere modificar el futuro político de nuestra nación sin que los españoles hayan sido jamás consultados».
Para la formación de Abascal, la política migratoria del Gobierno es una «política de llamada» que utiliza la nacionalidad como «una herramienta política» y un «instrumento electoral». Fúster ha sido muy crítico con el Ejecutivo, al que acusa de convertir el proceso en una cadena de «entrada ilegal, papeles por decreto y nacionalidad española».
En este contexto, el portavoz ha subrayado la gravedad de la situación, sentenciando que, a su juicio, «es una política de Estado diseñada contra los españoles», ignorando además los riesgos sobre quiénes entran al país y a qué redes responden.
El portavoz también ha centrado su discurso en la imputación de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, describiéndolo como un «salto cualitativo» en la corrupción que, a su juicio, ya no solo rodea al Gobierno, sino que «vive dentro del corazón político, familiar e institucional del sanchismo».
Fúster ha sentenciado que Sánchez está inhabilitado al no poder explicar si desconocía los hechos o si, por el contrario, «lo sabía todo y mintió de nuevo a los españoles».
Ante el creciente número de imputados vinculados al PSOE, que Vox cifra en más de 126, el partido ha vuelto a reclamar la convocatoria de elecciones inmediatas. «España no puede estar secuestrada ni un minuto más por un presidente acorralado en los tribunales», ha aseverado Fúster, insistiendo en que las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el líder del Ejecutivo no son suficientes para limpiar la imagen de las instituciones.
Por último, Vox ha reivindicado su gestión en los gobiernos de coalición con el Partido Popular, destacando que su entrada en las instituciones es un «medio para servir a los españoles».
El portavoz ha puesto como ejemplo la prioridad nacional aplicada en Aragón para el acceso a prestaciones sociales, donde ya se exige residencia legal y cotización, asegurando que «ni un inmigrante ilegal más va a cobrar estas ayudas» gracias a su presencia en el Ejecutivo autonómico.