La reciente crisis migratoria registrada en Ceuta ha provocado un terremoto político que salpica directamente al ámbito deportivo, trasladando el debate al Mundial de fútbol de 2030. Los partidos Vox, Podemos y Sumar han movido ficha en el Congreso de los Diputados para reclamar que se revise o replantee la participación de Marruecos como país coorganizador del evento, que España comparte también con Portugal y que incluirá partidos conmemorativos en Sudamérica.
Vox ha sido la última formación en posicionarse al registrar una proposición no de ley en la que argumenta que «los gravísimos acontecimientos registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio han quebrado por completo los presupuestos de confianza y cooperación» necesarios para una candidatura compartida. El partido liderado por Santiago Abascal también exige al Gobierno que evite cualquier decisión que ceda ante las demandas marroquíes y relegue el protagonismo de España, impidiendo que la gran final del torneo se celebre fuera del territorio nacional.
Por su parte, Podemos ha adoptado una postura aún más drástica al pedir la expulsión directa de Marruecos de la organización. Su coportavoz estatal, Pablo Fernández, calificó al país vecino como una «dictadura» que «atenta contra la soberanía de España» y que «no respeta los derechos humanos», defendiendo que el campeonato de 2030 debería ser albergado exclusivamente de forma conjunta por España y Portugal.
En una línea similar, Sumar ha llevado el asunto a la Cámara Baja a través de una proposición no de ley impulsada por el diputado de IU Nahuel González. La iniciativa insta al Ejecutivo a analizar con la FIFA, la RFEF y Portugal la continuidad del modelo actual, defendiendo bajo el lema de que «el fútbol no puede servir para blanquearlo todo» y exigiendo que se valoren los compromisos en materia de derechos humanos.
Finalmente, las propuestas presentadas por Sumar incluyen que la Real Federación Española de Fútbol solicite evaluaciones independientes sobre los anfitriones y que el Gobierno promueva ante la FIFA mecanismos específicos para retirar la condición de sede a aquellos países que incurran en «incumplimientos graves». Con estas iniciativas, los grupos parlamentarios buscan abrir un debate de calado sobre el futuro institucional y organizativo de la Copa del Mundo de 2030.