Una veintena de exministros y cerca de 160 exparlamentarios firman un manifiesto contra la amnistía al ver la democracia en riesgo

El PP lleva al Senado una iniciativa para expresar el “rechazo” de sus ‘barones’ a la medida y a los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. Vox se querella contra Sánchez, Puigdemont, PSOE y Junts y pide al Supremo parar la investidura

Una veintena de exministros y más de 150 exparlamentarios han firmado un manifiesto contra la amnistía y los pactos de investidura del PSOE con los independentistas para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.

El escrito se hace público a pocas horas de que comience en el Congreso el debate de investidura que permitirá la elección de Pedro Sánchez como presidente gracias al apoyo de los independentistas y otras fuerzas políticas minoritarias.

Exministros y exparlamentarios, tras asegurar que la democracia constitucional “se encuentra ante serios desafíos y peligros”, exhortan a una “firme y serena defensa” de la Constitución, del Estado de Derecho, de la división de poderes o de la independencia judicial, que ven “en riesgo”.

Gobiernos de la democracia

Entre los firmantes figuran una veintena de ministros de distintos gobiernos de la democracia, entre ellos los socialistas José Luis Corcuera o Javier Sáenz de Cosculluela, y parlamentarios pertenecientes a Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Centro Democrático y Social (CDS), Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Ciudadanos (CS).

También suscriben el texto dos expresidentes del Congreso, Federico Trillo y Jesús Posada, ambos del PP, y dos expresidentes del Senado, el socialista Javier Rojo y la ‘popular’ Esperanza Aguirre, que también fue ministra y luego presidenta de la Comunidad de Madrid.

Numerosos exministros del PP se han sumado al texto como Miguel Arias Cañete, Juan Carlos Aparicio, Rafael Arias Salgado, Rafael Catalá, Isabel García-Tejerina, José María Michavila, Isabel Tocino, José Ignacio Wert o Elvira Rodríguez. Por parte de la UCD lo firman exministros como Marcelino Oreja, Soledad Becerril o Rodolfo Martín Villa.

“En esta grave hora…”

Los firmantes arrancan el manifiesto asegurando: “En esta grave hora que vive nuestra nación, el juramento o promesa de lealtad a la Constitución que hicimos nos impele, sintiéndolo como deber moral,
manifestar nuestra honda preocupación y gran consternación por el contenido de los pactos de investidura y la presentación de una ley de amnistía, que suponen una fractura de principios básicos del Estado Derecho que los españoles establecimos en la Constitución como pilares de nuestra convivencia”.

En primer lugar, aluden a “la flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley”, al pretender “la impunidad de graves delitos cometidos, lo que supone una derogación singular del Código Penal para los beneficiarios de la misma”.

Separación de poderes

También denuncian “la quiebra del principio de separación de poderes y de la independencia judicial, mediante el espurio concepto de lawfare, con la pretensión de que el Parlamento investigue la actuación de los jueces y los tenga bajo sospecha”.

Además, se quejan del “grave menoscabo de la posición y funciones de las Cortes Generales” al establecer que los acuerdos “responderán a las demandas mayoritarias” de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco, lo que supone, a su juicio, “una mutación constitucional de hondo calado”.

Los firmantes advierten también del establecimiento de “privilegios de índole económica y financiera”, de la “seria amenaza de romper con la caja única de la Seguridad Social” y de “la aceptación de un ‘relato’ sobre lo sucedido en Cataluña en los últimos quince años que, “además de falso, invierte los papeles para vilipendiar a los servidores de la ley y de la Constitución y premiar a los transgresores”.

Desafíos y peligros

Según subrayan, la democracia constitucional “se encuentra ante serios desafíos y peligros” y solo con “plena lealtad al imperio de la ley y preservando el acuerdo y el entendimiento que, a partir del ‘espíritu de la Transición’, han marcado el camino de los últimos 45 años”, podrán superar “esta situación incierta”.

“Exhortamos a una firme y serena defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, de la igualdad de los españoles ante la ley, de la división de poderes, de la independencia judicial, de la solidaridad entre los españoles y las comunidades autónomas y de la dignidad de las Cortes Generales, que hoy se encuentran en riesgo”, concluye el texto.

Debate en el Senado

Por su parte, el PP ha registrado en el Senado una iniciativa que recoge los motivos esgrimidos por sus presidentes autonómicos en la Comisión General de las Comunidades de la Cámara Alta de hace un mes para mostrar su rechazo a la amnistía y a los acuerdos del PSOE con las formaciones independentistas.

Se trata de una moción, que el PP recoge a modo de conclusión del debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde los de Alberto Núñez Feijóo pretenden que la Cámara Alta haga suyo la “preocupación” mostrada por los ‘barones’ del PP ante esta amnistía.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado se reunió el pasado 19 de octubre, con todos los presidentes regionales del PP, el líder catalán Pere Aragonès y la ausencia de los socialistas, para posicionarse sobre la amnistía que en ese momento se estaba negociando entre PSOE e independentistas.

Ahora, el PP ha convertido estas reivindicaciones de sus presidentes en una iniciativa que pretende debatirla y votarla primero en la Comisión de CCAA, para posteriormente aprobarla en el Pleno de la Cámara Alta.

Bronca entre bancadas

El debate ha derivado en bronca entre las bancadas del PP y el PSOE. Las acusaciones de vulnerar la Ley Fundamental que se han lanzado los senadores han sido constantes durante la sesión para la reforma del reglamento de la Cámara alta. El pleno ha sacado adelante, con la mayoría absoluta del PP, por 147 votos a favor y 133 en contra, la modificación propuesta por los populares para retrasar la tramitación de las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios que lleguen desde el Congreso calificadas de urgentes.

Querella de Vox

Vox ha presentado este martes ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en el marco de las negociaciones para la investidura del candidato socialista.

Como medida cautelar, solicita la suspensión del debate de investidura, previsto para este miércoles y jueves.

En declaraciones a los medios de comunicación ante el Alto Tribunal, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordado que el propio tribunal y asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su oposición a la ley de amnistía a los implicados en el ‘procés’, negociada para amarrar los votos de Junts en la investidura de Sánchez, que ven una “abolición del Estado de Derecho, el principio del fin de la democracia y un ataque a la división de poderes”.

Abascal, acompañado de dirigentes de Vox, ha hecho hincapié en que su formación “confía” en el Alto Tribunal y el Poder Judicial y en que “utilicen todas las herramientas legales” a su disposición para “detener este golpe”.

En cualquier caso, e independientemente del resultado de la querella, Abascal cree que “el golpe” también puede detenerse en el Senado, y ha recordado que su partido ha exigido al PP que utilice su mayoría en la Cámara Alta para paralizar la tramitación de la ley de amnistía. “La responsabilidad es del PP”, ha recalcado, admitiendo que “sin ninguna duda” esto desencadenaría un “conflicto institucional”.

Más denuncias

Vox ha asegurado en repetidas ocasiones que se querellarán contra los miembros de la mesas del Congreso y Senado si admiten a trámite la ley que regulará la medida de gracia, que beneficiará a los implicados en el ‘procés’ desde 2012.

Por último, ha insistido en la importancia de las movilizaciones que desde hace días se producen ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. “Son absolutamente necesarias”, ha dicho, subrayando que, si Sánchez es investido el jueves, “no tienen que ser 12 días, sino 1.400”. “No sólo vamos a negar la legitimidad del gobierno, sino su legalidad”, ha advertido.

“Se inicia un período trágico en la historia de España, si no lo evitamos un presidente en funciones absolutamente ávido de poder y sin escrúpulos se dispone a pisotear el Estado de Derecho, acabar con la igualdad de los españoles ante la ley, pisotear la independencia judicial y a llevar a cabo un cambio de régimen por la puerta de atrás”, ha zanjado.