Una mujer se enfrenta a 73 años de cárcel por prostituir a cinco paraguayas en España

30 de marzo de 2024
2 minutos de lectura
Real Chancillería de Granada | EP

La principal acusada, de 37 años, contó con la ayuda de otras tres personas que se sentarán junto a ella en el banquillo

La Fiscalía solicita una condena de 73 años de prisión para una mujer de nacionalidad paraguaya, acusada de reclutar a mujeres en su país de origen bajo falsas promesas de trabajo para luego trasladarlas a España y obligarlas a prostituirse, aprovechándose de su difícil situación económica y su entrada ilegal en el país. Este caso está pendiente de juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, las víctimas fueron llevadas a diversos destinos, incluidos dos pisos en Almuñécar, en la costa de Granada, donde se les exigía estar disponibles las 24 horas del día para brindar servicios sexuales. Vivieron en condiciones de “semiesclavitud”, según el mismo documento al que tuvo acceso Europa Press.

Contó con la ayuda de otras tres personas

La principal acusada, de 37 años, contó con la ayuda de otras tres personas que se sentarán junto a ella en el banquillo. Los otros tres procesados, dos hombres de nacionalidad española y una mujer paraguaya, se enfrentan a penas de entre once y 40 años de prisión. La Fiscalía acusa por delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros; trata de seres humanos con fines de explotación sexual, determinación coactiva a la prostitución, obstrucción a la justicia y quebrantamiento de medida cautelar.

En la causa se han contabilizado cinco víctimas de esta red que fueron captadas en Paraguay por la principal acusada. Convenciéndolas con el pretexto de conseguirles un trabajo bien remunerado y “una vida mejor para ellas y sus familias”, las desplazó a España, donde entraron como turistas pero sin permiso de residencia. Una vez en territorio español, les pedía el importe del viaje y del resto de trámites que se efectuaron para su entrada en el país.

Las mujeres contraían así una deuda con ella, y dada su falta absoluta de apoyos en España y la imposibilidad de trabajar en otra cosa por su situación irregular, se veían abocadas a ejercer la prostitución.

Explotación y amenazas

Las obligaba a pagarles una parte del dinero que obtenían con los servicios sexuales que prestaban trabajando de forma continuada, sin día de descanso, limitándoles al máximo las salidas de los pisos para evitar que fueran descubiertas. En definitiva, esta persona “dirigía, controlaba y supervisaba” todo lo relativo a estas mujeres, gestionando los dos pisos en los que se alojaban. Las amenazaban con denunciarlas y que las deportarían si cesaban la actividad, o incluso con contarles a sus familias que ejercían la prostitución.

Cuando la policía detuvo a la principal acusada en octubre de 2015, los otros tres acusados colaboraron con ella desplazándose a los pisos de Almuñécar donde se había ejercido la prostitución para llevarse las anotaciones de los servicios sexuales prestados, así como otras pruebas. Igualmente ocultaron a las víctimas en otros alojamientos para evitar que las encontrara la Policía y continuaron con esta actividad.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen por daño moral a las cinco víctimas en un total de 39.000 euros, además de que les sean impuestas distintas prohibiciones de comunicación y acercamiento respecto a ellas.

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