Una de las juezas que protesta por las reformas del Gobierno: «Reivindicamos la esencia de la carrera, su independencia»

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han convocado un paro este miércoles a las puertas de las sedes judiciales

Por la independencia de la carrera judicial y de la justicia. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han convocado un paro de diez minutos para las 12 horas del miércoles a las puertas de las sedes judiciales para expresar su rechazo a dos de los proyectos de ley anunciados recientemente por el Gobierno: el que pretende modificar el acceso a ambas carreras y el que busca reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales.

La medida fue anunciada el pasado 23 de mayo por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Independencia

Por su parte, Laura Sotoca, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Puertollano, es una de las juezas que participa este miércoles en el parón de 10 minutos convocado en las sedes de toda España para expresar su rechazo a dos de los proyectos de ley anunciados recientemente por el Gobierno: el que pretende modificar el acceso a ambas carreras y el que busca reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales.

«Reivindicamos la esencia de la carrera, que es la independencia que se está atacando con una reforma que toca muchos puntos que no son claros y que son injustos», apunta a Europa Press Sotoca, integrante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), una de las asociaciones que respaldan este paro junto con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

La jueza asociada también extiende sus reivindicaciones desde otro foro, el que representa la Unión de Fiscales y Jueces, una iniciativa espontánea surgida del intercambio de mensajes en WhatsApp. El comité de la unión, según anunció en su cuenta de ‘X’, no solo respalda el parón, sino que someterá a votación entre sus 1.700 integrantes si se va a la huelga.

«Sería el arma más fuerte para poder frenar algo que no hay manera de frenar», cree Sotoca, que explica que este movimiento, compuesto por jueces y fiscales, surge del «hastío y la desesperación ante la falta de transparencia» del Gobierno con una serie de modificaciones que provocan, a su juicio, una «quiebra de la separación de poderes».

El movimiento que representa la citada unión, destaca la jueza, está formado por magistrados de todas edades, incluso gente a la que las reformas podrían no llegar a afectar de forma tan directa. Tanto es así que en el comité de huelga se encuentra José Luis Rubido de la Torre, titular del Juzgado de Instrucción Número 1, de la 35ª promoción de jueces -la última, la 73ª, fue entregada en enero de este año-.

Preocupación

Sotoca, una de las últimas jueces en acceder a la carrera -procede de la 72ª promoción-, no oculta su preocupación por una de las medidas más controvertidas, la de la estabilización de jueces sustitutos y el correspondiente reconocimiento de su antigüedad, esencial a la hora de subir en el escalafón.

«Estoy en un partido judicial lejos de donde yo soy, porque soy de Madrid, y mi deseo sería volver. Si empiezan a incrementar el número de jueces de repente y tienen un escalafón que supera a los que estamos por delante. El acceso a nuevas plazas cerca de mi casa se va a ver restringido. Parece un poco injusto. ¿Por qué se tiene que reconocer esta antigüedad? Nos preocupa la falta de transparencia y de rigor», lamenta.

Sotoca explica que los jueces sustitutos, de los que dice que realizan una labor esencial, no pueden equipararse con personas que se presentan a una oposición, con todo lo que ello conlleva.

Se refiere, en concreto, al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que insta a España a convertir en indefinidos a los interinos. «No se refiere a la carrera judicial y fiscal, se basa en otro tipo de contrataciones públicas, en lo que conocemos como los interinos», matiza la jueza.

Sotoca señala que el Ejecutivo fundamenta la citada estabilización de los jueces sustitutos «en el abuso de la interinidad». «¿Qué tipo de personas van a impartir justicia? No es lo mismo la formación que da haber pasado todas las etapas. No puede equipararse», insiste, mostrando su preocupación por el hecho de que se pueda dejar de «ofrecer una Justicia igual en todo el territorio».

Respaldo del Supremo

La jueza de Puertollano celebra el acuerdo aprobado este martes por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en el que el alto tribunal se sumaba a la «extendida inquietud» por la reforma anunciada por el Ejecutivo para la reforma de los accesos a sendas carreras, defendiendo el actual modelo al considerar que «garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional».

A su juicio, es una buena noticia que el Supremo, situado en la cúspide del Poder Judicial español, «respalde a todos» los magistrados que protestan y que se exprese en términos similares a las asociaciones que han convocado el paro. Eso, además, facilita desde su punto de vista la comprensión del problema a «cualquier persona que no tenga conocimientos jurídicos».

Capacidad asociativa

Sotoca también se refiere a otro de los puntos que más polémica ha suscitado: la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales. «Nuestra asociación no se financia por bancos ni entidades, sino por las aportaciones de los asociados. Pero restringir la financiación sin aumentar las subvenciones puede limitar la capacidad asociativa», alerta.

Desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes consideran que va en contra de la apariencia y el prestigio de todas las asociaciones judiciales que resulten financiados congresos o actos concretos que celebran por parte de entidades privadas sobre las que tienen que dictar sentencias diariamente.

La jueza, sin embargo, considera fundamental que se garantice una voz plural y que exista la posibilidad de «expresar necesidades» por parte de aquellos magistrados que están integrados en algunas de las asociaciones.