Una asociación de fiscales pide al Supremo que aparte del cargo a García Ortiz cuando lo siente en el banquillo

APIF mantiene su petición de una condena de seis años de prisión y doce de inhabilitación para el fiscal general

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular, ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda de manera provisional a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado una vez se dicte el auto de apertura de juicio oral. Esta petición llega después de que la Sala de Apelación confirmara su procesamiento por haber presuntamente coordinado y promovido la filtración de información sobre una investigación fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En el escrito presentado, al que ha tenido acceso Europa Press, la APIF considera que la suspensión es «imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso», ya que si García Ortiz sigue en su cargo, podría influir directamente en el fiscal designado para el juicio oral. “El fiscal designado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuaría al servicio del propio acusado”, advierte la asociación, que considera esa situación una amenaza a los principios constitucionales del Ministerio Fiscal.

La acusación también cuestiona que sea el propio García Ortiz quien pueda decidir sobre una posible suspensión cautelar, al tener un “interés directo” en el caso. Según la APIF, «no puede delegarse en los miembros del Ministerio Fiscal a los que alude el reglamento» la adopción de esta medida, por lo que insisten en que debe ser el Supremo quien intervenga. Argumentan que permitirle continuar en el cargo mientras es procesado pondría en riesgo la imparcialidad de todo el procedimiento judicial.

El Tribunal Supremo, según el razonamiento de la APIF, está plenamente legitimado para aplicar medidas cautelares como la suspensión de empleo, del mismo modo que puede imponer otras más graves como prisión provisional o embargos. “Resultaría sumamente paradójico que el juez instructor estuviera legitimado para adoptar medidas tan contundentes […] pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario ya acusado”, subraya el escrito.

Seis años de cárcel

El procesamiento fue confirmado este martes por la Sala de Apelación, que respaldó la decisión del magistrado Ángel Hurtado de imputar al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones solicitan hasta seis años de cárcel. La decisión fue adoptada por mayoría de los jueces Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, aunque el magistrado Palomo emitió un voto particular. La Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, vio desestimado su recurso.

En cambio, la Sala sí atendió el recurso de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y archivó su causa. Los magistrados entendieron que Rodríguez actuó bajo órdenes jerárquicas y tenía obligación de informar a García Ortiz, por lo que fue exonerada. Por su parte, la APIF mantiene su petición de una condena de seis años de prisión y doce de inhabilitación para García Ortiz por un delito de prevaricación en concurso con uno continuado de revelación de secretos.