Un tribunal ordena seguir investigando la implicación de un español y de ex altos cargos de Andorra en el ‘caso de los diamantes de sangre’

El abogado de una de las víctimas pide que declaren el exministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca, y el exjefe de la cámara de Comercio, Marc Pantebre

Es un crimen contra la humanidad y no hay prescripción del delito. La orden de la Sección II de la Audiencia Nacional al Juzgado Central 1 es clara: que siga investigando la implicación del español Manuel T. en el caso de los llamados diamantes de sangre de Sierra Leona (70.000 muertes, un genocidio). Y si también lo están ex altos cargos de Andorra.

Un esclavo víctima de aquella sangría humana denunció al citado español en la Audiencia Nacional al entender que su empresa, situada en Andorra, aunque él es catalán, pudo haberse lucrado con la venta de armas a los genocidas de Sierra Leona a cambio de diamantes.

Los rebeldes utilizaban a la población que consideraban hostil en condiciones de esclavitud para extraer diamantes y venderlos al mejor postor.

El conflicto de Sierra Leona en el que se produjo esta barbarie inhumana, con desplazamientos de las víctimas a otros países, tuvo lugar entre 1991 y enero de 2002.

El abogado Hernán Daniel Garcés presentó una querella contra el susodicho Manuel T. P. en la Audiencia Nacional, que lo envío a prisión durante un tiempo y luego quedó en libertad provisional a la espera de que concluyese el sumario y un eventual juicio.

En este asunto, ciertamente lejano en el tiempo, aunque el lucro de aquel sucio negocio sigue produciendo efectos económicos, la Sección II de la Audiencia Nacional ha tenido que resolver dos cuestiones prioritarias: si, dada la fecha de los sucesos, lo ocurrido está prescrito, por un lado, y, si el juez instructor, por otro, debía debía seguir insistiendo en el desarrollo de las diligencias inconclusa que tiene solicitadas Garcés.

Máxime cuando el fiscal había pedido el archivo y cierre del sumario dada la ausencia de respuestas de los países a los que se ha pedido ayuda judicial y por entender que los hechos habían prescrito.

La Sección Segunda ha ordenado al juez que siga investigando, que al tratarse de un delito contra la humanidad no hay prescripción, aparte de que el abogado de la acusación asegura que los hechos fueron mucho más allá del año 2002.

Y en base a estos argumentos ha ordenado que el instructor insista en las comisiones rogatorias sin cumplimentar que están pendientes de tramitación en varios países, entre ellos Liberia, Brasil, Mali… Y que no cierre el sumario.

La acusación quiere que se interrogue a ex altos cargos de Andorra relacionados directa o indirectamente con la empresa de ese país que suministró armas a los rebeldes de Sierra Leona a cambio de diamantes de sangre. El conflicto se saldó con 70.000 muertos y miles de refugiados.

Entre las personas que pueden acabar implicadas en estas diligencias, o al menos es muy posible que se les llame como testigos, así lo quiere el abogado de la acusación, figuran el exministro de Finanzas del Principado, Jordi Cinca; y Marc Pantebre, ex presidente de la Cámara de Comercio de Andorra, por el delito de blanqueo de capitales.

En calidad de testigos, la acusación también ha solicitado que declaren Ricard Reguant, Olga Baró, Joaquim Tomàs, Amor Fuentes, Mònica González y el abogado Jean Pujol.

La causa, pues, prosigue. Y no se archiva, como ha pretendido el fiscal alegando prescripción de los hechos.

Los diamantes eran extraídos por los esclavos de los rebeldes en las minas de kono, de Sierra Leona, una de las más importantes del mundo.

“Tanto el querellado Manuel T. P. como otros empresarios extranjeros, intervinieron en dicho conflicto mediante la actividad de la empresa Orfund Group S.A, financiando el esfuerzo bélico con la venta de los llamados diamantes de sangre”, sostiene la acusación, que solicita 15 años de cárcel para el español por un delito contra la humanidad.

DiAndorra INC

Para eludir la prohibición de la ONU de comprar diamantes a Sierra Leona, explica en su escrito al juez el abogado Hernán Garcés, «el acusado Manuel T. utilizó a la empresa de Liberia Blue Stone INC, de Orfund Group, y participó en la fundación de una empresa subsidiaria en Liberia, DiAndorra INC».

Y que lo hizo «con el propósito de vender los citados diamantes de Sierra Leona a través de la empresa experta en el comercio de diamantes Cindam Belgium N. V.”.  

Garcés representa al querellante Aiah Ngekia, nacido en 1963, quien “fue obligado a trabajar día y noche junto con otros 300 civiles, en condiciones inhumanas de vida, en las minas de Tombodu para extraer los diamantes”.

Ngekia presenció cómo tres de sus amigos murieron en las minas durante este período. Uno de ellos fue asesinado porque pensaron que quería escapar, mientras que otros dos murieron de agotamiento por el trabajo esclavo”.

Al reabrirse la investigación, ahora se activarán las comisiones rogatorias internacionales dirigidas a Brasil, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Mali y el tribunal especial de La Haya, que en 2012 condenó a 50 años de prisión al exdictador Charles Taylor.

También se retomarán los interrogatorios que estaban pendientes, empezando por un ex consejero de la embajada de España en Sierra Leona.