La Audiencia Provincial de Murcia ha anulado la sentencia que absolvía a los propietarios de la granja grabada por Igualdad Animal junto a Jordi Évole. La Sala ha respaldado los argumentos presentados por la Fundación Igualdad Animal y ha ordenado un nuevo juicio, que deberá ser presidido por un magistrado o magistrada diferente.
La Audiencia señala que en el juicio contra los hermanos Carrasco, dueños de la granja, la jueza no valoró adecuadamente las pruebas y que la sentencia carece de suficiente motivación.
Las imágenes emitidas en el programa Salvados mostraron al público cómo los animales de esta granja, proveedora de El Pozo, sufrían de canibalismo, hernias gigantes, deformidades y graves heridas de forma generalizada.
El recurso presentado por Igualdad Animal solicitaba la nulidad de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio, argumentando que el razonamiento de la jueza se apartaba de la lógica y del conocimiento científico. Además, señalaba que no se tomaron en cuenta las conclusiones de los peritos, quienes indicaron que había un caso de maltrato animal continuado por omisión. Tampoco se consideraron las declaraciones de varios testigos, como Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal, y el cámara del programa Salvados.
“En Igualdad Animal celebramos la decisión de la Audiencia Provincial de Murcia, ya que nos da la razón para anular la sentencia absolutoria y celebrar de nuevo el juicio. Estamos ante el mayor escándalo de maltrato animal en granjas industriales en la historia de España y los responsables no pueden quedar impunes”, manifiesta Javier Moreno, Cofundador de Igualdad Animal.
La larga batalla judicial por el mayor caso de maltrato animal en granjas en España, que comenzó tras la emisión del reportaje Stranger Pigs en Salvados en febrero de 2018, continuará con un nuevo juicio.
Las impactantes imágenes de animales enfermos y deformes tuvieron repercusión internacional, lo que llevó a varios supermercados belgas a retirar los productos de El Pozo de sus estanterías. Ante el temor de que otros países tomaran medidas similares, El Pozo emitió un comunicado anunciando que rompía relaciones con la granja investigada, reconociendo así el vínculo que había negado al inicio de la crisis.
Durante la fase de instrucción, los acusados negaron cualquier relación comercial con El Pozo, asumiendo la total responsabilidad de la explotación. Sin embargo, El Pozo reconoció públicamente su vínculo con la granja al emitir el comunicado en el que cesaba la relación comercial.
A nivel social, este reportaje conmocionó a la opinión pública española, marcando un antes y un después al poner en la agenda mediática y pública el problema del maltrato animal en las granjas industriales.