Un mes de la regularización de migrantes: 130.000 solicitudes en una semana, quejas por la lentitud de los trámites y una batalla legal en el Supremo

En el plano judicial, el proceso se enfrenta a una ofensiva liderada por Vox, la Comunidad de Madrid y diversas asociaciones, quienes han solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto

Este jueves se cumple un mes desde que el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, una medida que busca documentar a aproximadamente medio millón de personas. Tras años de presión social impulsada por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y colectivos como Regularización Ya, el procedimiento arrancó con una intensidad abrumadora, registrando más de 130.000 solicitudes en apenas siete días.

A pesar de las altas expectativas, la gestión administrativa está sembrando dudas entre los expertos legales. Desde despachos especializados como Legalteam denuncian que las admisiones a trámite apenas alcanzan el 0,1% y que no se están respetando los plazos previstos de 15 días. Además, alertan de una falta de orden en la asignación de números de registro, dejando expedientes del primer día en un limbo frente a otros presentados posteriormente.

Uno de los mayores obstáculos señalados es la imposibilidad real de trabajar para aquellos que ya han sido admitidos. Según los juristas, aunque la resolución indica que el solicitante puede emplearse, el número de afiliación a la Seguridad Social no llega a los domicilios en el tiempo esperado. Este «contrasentido» administrativo mantiene a miles de personas en una situación de vulnerabilidad técnica pese a haber iniciado su proceso legal.

Por su parte, los movimientos sociales defienden el hito democrático que supone esta medida frente a lo que consideran «bulos» de la derecha y trabas burocráticas intencionadas. El colectivo Regularización Ya ha recordado que el plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 30 de junio, instando a la responsabilidad política para que la burocracia no deje fuera a quienes cumplen con los requisitos de arraigo y vulnerabilidad.

Piden la supensión cautelar de la iniciativa

En el plano judicial, el proceso se enfrenta a una ofensiva liderada por Vox, la Comunidad de Madrid y diversas asociaciones, quienes han solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto. Los recurrentes buscan paralizar la iniciativa de inmediato, lo que ha trasladado la resolución del conflicto al ámbito de la justicia, con una vista clave programada para el próximo 22 de mayo.

Ante esta amenaza judicial, el Gobierno ha respondido a través de la Abogacía del Estado defendiendo que una suspensión cautelar dañaría gravemente el interés general. El Ejecutivo argumenta que paralizar el proceso dejaría a miles de extranjeros en un vacío legal absoluto, afectando directamente a sus derechos fundamentales mientras se resuelve el fondo del recurso interpuesto ante el Alto Tribunal.