Expertos aseguran que España no estaba preparada para la Covid-19

Los auditores advierten de que se apreciaron fallos de coordinación en múltiples áreas y se realizaron valoraciones apresuradas

España no contaba con la preparación adecuada para hacer frente a la pandemia de Covid-19 debido a la carencia de material esencial para combatir el virus, fallos en los sistemas de información y alerta temprana, así como una insuficiencia en recursos diagnósticos, según un informe elaborado por expertos sobre la gestión de la Covid-19 en España.

El informe, titulado ‘Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la pandemia Covid-19’, tiene como objetivo primordial proporcionar información orientativa para reforzar y unificar el Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacerlo más resiliente frente a posibles futuras amenazas pandémicas.

Desafíos y debilidades en la gestión pandémica

Solicitado en septiembre de 2021 y finalizado en abril de este año, el estudio se mantuvo en confidencialidad hasta hoy, cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, lo debatió con los consejeros de las CCAA en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Los auditores advierten sobre “incongruencias en la respuesta de las diferentes administraciones y fallos de coordinación en múltiples áreas”. Se destacan deficiencias en los servicios de Urgencias y Emergencias, en los mecanismos para compartir recursos médicos entre regiones y en la adquisición de material necesario para afrontar la pandemia. Además, se afirma que el marco legal disponible “no resultó suficiente” para afrontar la crisis sanitaria.

Asimismo, los auditores aseguran que el Consejo Interterritorial de Salud (CISNS), donde están representados el Ministerio de Sanidad y las CCAA, “no fue lo bastante eficaz como herramienta para tomar decisiones uniformes”.

En este contexto, también se alerta sobre “errores de comunicación significativos”. Principalmente, se hace referencia a la emisión de pronósticos “innecesarios” sobre la evolución de la pandemia, valoraciones “precipitadas” sobre las principales vías de transmisión y la eficacia de las mascarillas. Se menciona también cierta “confusión de roles” en términos de quién informa, toma y comunica las decisiones.

Los auditores lamentan la “sobreexposición” del portavoz habitual, sin mencionarlo específicamente, en referencia al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien mantuvo actividades públicas de comunicación desde su domicilio mientras padecía la Covid-19.

Fallos previos en el sistema sanitario

El informe atribuye parte de los errores en la respuesta a problemas preexistentes en el sistema sanitario, como la separación entre la salud pública y los niveles asistenciales, deficiencias en los sistemas de vigilancia epidemiológica, recursos humanos estructuralmente insuficientes para la actividad cotidiana de los servicios de salud pública y la carencia de un adecuado sistema de información a nivel nacional.

Los expertos resaltan la ausencia de protocolos previos en las residencias de personas mayores y otros grupos vulnerables, y la “limitada coordinación” entre el sistema sanitario y los servicios sociales, factores que contribuyeron a la tragedia en los establecimientos residenciales.

Además de los aspectos susceptibles de mejora, el informe reconoce que “se hicieron muchas cosas correctamente”. Se destaca la respuesta de los profesionales de la asistencia sanitaria, la salud pública y la atención sociosanitaria; así como la labor de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; la “excelente” campaña de vacunación; el establecimiento de un mando único al inicio de la pandemia y la comunicación constante entre el gobierno central y las CCAA.

Posibilidad de una nueva pandemia

El informe insta a “asumir” la posibilidad de una nueva pandemia de virus respiratorios graves, que “no solo es posible, sino probable, a corto o mediano plazo”. Por lo tanto, propone medidas “claves” como aplicar “de manera inteligente” el principio de precaución para prevenir o al menos retrasar la llegada de la enfermedad al país. “En general, cuanto antes se actúe, mejor”, destaca.

Se enfatiza la detección temprana de casos de enfermedad para intentar controlar su propagación. También se pide que las primeras decisiones sean tomadas por un comité de gestión de la crisis sanitaria asesorado por un comité científico-técnico específico.

Es crucial, según el informe, promover un ambiente de entendimiento que permita conciliar la transparencia con la protección de los equipos asesores frente a una presión social excesiva y la crítica mediática.

Directrices para una preparación integral

Las medidas deben contar desde el principio con un marco legal claro y suficiente para brindar seguridad jurídica a quienes toman las decisiones. Se recomienda la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la aprobación de un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias y un Plan General de Reservas Estratégicas.

“También es esencial una cultura profesional y social que no castigue en exceso los errores en la gestión de las primeras fases de una pandemia”, enfatizan.

Asimismo, se sugiere iniciar una estrategia de comunicación a la ciudadanía con líneas generales previamente diseñadas. Se advierte sobre evitar discrepancias públicas entre los líderes en la lucha contra la pandemia y no utilizar medidas de salud pública para disputas políticas.

Se aboga por contar con aplicaciones de rastreo de contactos debidamente evaluadas para facilitar el control de la propagación de la enfermedad y se defiende la movilización temprana de las reservas de materiales de protección.

Ante una posible nueva pandemia, se insiste en empoderar a la población para gestionar su enfermedad, fortalecer la Atención Primaria y aumentar su capacidad para resolver problemas de salud. Ambos niveles de atención (primaria y hospitalaria) deben ser eficaces y tener la capacidad de adaptarse y expandirse, según el informe.

Se plantea establecer mecanismos de traslado de pacientes entre CCAA y países, y protocolos de derivación entre centros. En situaciones extremas, se sugiere acordar protocolos de “priorización y racionamiento” de la atención.